La Plataforma Defensora da Praza dos Placeres, Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y Esquerda Unida (EU) instan al gobierno local de Pontevedra a recurrir en los tribunales el proyecto de Fomento para consolidar la vía del tren ante la Iglesia de San Andrés de Lourizán y soterrar los pasos de peatones y vehículos bajo la plaza pública. Los afectados, que desde hace trece años demandan el soterramiento del ramal ferroviario y cuya demanda está respaldada por nueve sentencias judiciales, solicitan al Concello de Pontevedra que deniegue la licencia de obra con la que el ministerio pretende resolver las sentencias judiciales que declaran ilegal el trazado del tren sobre la plaza de Placeres.
Jaime Acuña, de la plataforma vecinal, apuntó que "una cosa es dar solución a los pasos a nivel y otra es que se cumpla la sentencia", y en este sentido recordó que la Dirección General de Ferrocarriles viene hablando desde hace cuatro años de las posibilidades de "soterrar el tren o las personas". La Autoridad Portuaria se opuso a la primera opción, por las consecuencias económicas para el puerto y, hace dos años, el Concello de Pontevedra, para no optar por ninguna de las alternativas de Fomento, apostó por una tercera opción "inviable desde el principio", como es enterrar todo el ramal ferroviario desde la estación de Pontevedra hasta el puerto. "Un disparate que sabían perfectamente que no se iba a tener en cuenta", apuntó Acuña Soto.
Así, se llegó finalmente a la opción de "enterrar a las personas y las calles", para no afectar al tren portuario, creando una plaza "impracticable para los ciudadanos". El representante de la Plataforma dos Placeres recordó que la decisión es "política", por lo que tanto los vecinos como AGE y EU reclaman una actuación efectiva del Concello de Pontevedra, para impedir que se ejecute la opción de Fomento.
El presidente de "Plaza dos Placeres", Eladio Torres, lamentó que trece años después se siga sin cumplir la ley por parte de las Administraciones públicas y que se pretenda soterrar ahora "700 metros de calles".
AGE presentará una iniciativa en el Parlamento gallego para reclamar el cumplimiento de la sentencia y la comparecencia de los conselleiros de Infraestructuras y de Mar, para que expliquen el posicionamiento del gobierno de la Xunta ante el cumplimiento de la sentencia.
Juan Fajardo, parlamentario de AGE, calificó el asunto como un "ejemplo paradigmático de corrupción política al más alto nivel" en el que se ha tomado una decisión "ilegal" que afecta a los intereses públicos, "no en sede administrativa sino en sede conyugal", en alusión a que la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, son matrimonio.
