Medio Ambiente iniciará "próximamente" el expediente de caducidad de Ence en Lourizán

Por su parte, Ence advierte que el proceso que prevé la administración al incoar el expediente será largo y podría durar "varios años", un extremo con el que no están de acuerdo los juristas de la asociación ecologista que ganó el proceso. De hecho, las previsiones más optimistas apuntadas ayer a FARO señalaban al bienio "2014-2015 para que podamos lograr una resolución definitiva".

La decisión de la Audiencia Nacional supone que el Estado tendrá que adoptar todas las medidas legales para paralizar la fábrica y suspender el uso de las instalaciones que ocupa Ence desde los años cincuenta en la embocadura de la ría de Pontevedra.

Medio Ambiente confirmó también que no recurrirá la setencia: "Vamos a dar instrucciones a la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional en el sentido de que no interponga recurso de casación", fue la respuesta a FARO de los portavoces del ministerio a propósito de los pasos que dará en adelante la administración.

Ésta no parece dispuesta a más demoras después que la Audiencia Nacional respondiese con la sentencia a la demanda del colectivo ecologista Salvemos Pontevedra, asociación que defiende desde un principio que la autorización que utiliza la empresa para trabajar en los terrenos de dominio público se extinguió con los cambios de titularidad de la compañía.

Según la resolución judicial, la petición de los ecologistas "debe entenderse estimada por silencio positivo", dado que Medio Ambiente no había contestado a las reclamaciones.

Salvemos Pontevedra considera la resolución un "tirón de orejas" a la administración, después de que previamente hubiese intentado que el Servicio Provincial de Costas incoase ese expediente de caducidad de los terrenos.

Asimismo, la asociación denuncia públicamente que "es la tercera sentencia en la que se obliga a iniciar ese expediente".

En opinión de los ecologistas, hubiese sido "esperpéntico" que el Ministerio de Medio Ambiente recurriese la sentencia, una decisión hecha pública ayer y que quedó finalmente en manos de la ministra Rosa Aguilar.

Al contrario que el Ministerio de Medio Ambiente, la empresa si continuará la batalla legal (sus asesores jurídicos reiteran que la sentencia es susceptible de un recurso de casación ante el Supremo) y lo hará en el plazo máximo establecido de diez días.

La previsión inicial es que el trámite de presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo se formalice "a finales de esta misma semana o a principios de la próxima" .

Por lo demás, Ence considera que la resolución judicial supone exclusivamente una condena a la administración y no declara nula la concesión en Lourizán.

Lo reiteraron ayer los portavoces de la empresa: "La sentencia no declara la caducidad de la concesión".

La compañía pastera insiste en que la resolución "no entra en el fondo del asunto, y se queda en una cuestión puramente procedimental, al limitarse a condenar a la administración a que inicie un procedimiento de caducidad, pero no prejuzga el resultado de dicho procedimiento. Aún así, y dado que Ence estima que no tiene sentido iniciar la incoación del expediente, la empresa presentará recurso antes de la fecha señalada"

Ence entiende por tanto (y así lo expresó en el primer comunicado tras conocer la sentencia) que la resolución "no va a tener incidencia en la situación legal ni en las operaciones de la compañía antes del plazo de vigencia legalmente establecido en dicha concesión", es decir, el año 2018, fecha tope en la que caduca el uso de los terrenos.

No obstante, en la declaración que realizó a última hora de la tarde de ayer advertía que en caso de que el Ministerio de Medio Ambiente decidiera incoar dicho expediente de oficio (como así ha decidido) este procedimiento "deberá tramitarse completo, otorgarse trámite de audiencia y cumplir con los restantes trámites previstos en la Ley, incluido el dictamen del Consejo de Estado, proceso éste que podría prolongarse varios años".

En todo caso, Ence entiende que "no existen razones que justifiquen ni la incoación de dicho expediente ni la eventual caducidad de la concesión", por lo que defenderá sus intereses y derechos "donde corresponda".

Ence no tiene intención de replantearse un nuevo emplazamiento antes de esa fecha tope. de 2018. El consejero delegado de la compañía pastera, Ignacio Colmenares, lo reiteró hace escasos días al afirmar que "no estamos estudiando nada, estamos muy bien donde estamos".

Muy al contrario, tanto el Concello de Pontevedra como la Xunta se reafirmaron tras conocer la sentencia en su opinión de que la compañía debería estar buscando un nuevo emplazamiento y que saldrá de la ría en 2018.

De hecho, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, resta importancia al verdadero alcance de la sentencia de la Audiencia Nacional en el sentido de que "no cambia absolutamente nada" del hecho de que en el plazo de siete años la papelera "deberá abandonar su ubicación actual" en el litoral capitalino.

Por su parte, en opinión del alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, la sentencia debería llevar a la compañía pastera a analizar su estrategia en Galicia.

Afirmó en este sentido que que "si quiere quedarse y mantener su actividad en la comarca de Pontevedra, la provincia o Galicia" tendrá que buscarse un nuevo emplazamiento.

Al hacer su valoración de la sentencia de la Audiencia Nacional, Ence subraya que genera actualmente 320 empleos directos "y hasta 4.800 más subcontratados, indirectos e inducidos" y que produce de rentas en Galicia "de más de 200 millones de euros", según los datos hechos públicos ayer por fuentes de la de la empresa.

"Desde el punto de vista ambiental", añaden, "Ence ha conseguido mejorar los parámetros de las ´mejores prácticas´ del BREF (el índice de referencia europeo en materia medioambiental) en un 79%".