El gran número de implicados y la importante actividad delictiva de los miembros de la trama desarticulada en la "Operación Volusia" impidió que la Policía Nacional pudiera investigar a fondo a otras muchas personas relacionadas con el tráfico de droga de pequeña escala en el marco de este dispositivo policial. Terminaron por sentarse en el banquillo 18 personas pero pudieron ser más. No obstante, el "rosario de detenidos", la gran cantidad de escuchas y los numerosos seguimientos realizados hacían imposible abarcar las múltiples líneas de investigación que continuamente surgían debido a los numerosos "contactos" que mantenían cada uno de los acusados.
Así lo explicó en su informe el fiscal antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga. El representante del Ministerio Público aseguró que las escuchas telefónicas permitieron determinar que los implicados llegaron a realizar unas 500 transacciones de droga en un sólo día.
Tras lograr el martes que 15 de los 19 imputados aceptasen penas de entre 3 y 4 años de prisión, el fiscal mantuvo ayer su petición de condena para los únicos tres acusados que se declararon inocentes. Se trata del vecino de Poio Carlos Olañeta Carballa, del colombiano afincado en Vigo Roberto Carlos Cuervo Quiñones y del marinense Edelmiro González Santiago. Para los dos primeros solicita una pena de cinco años de prisión mientras que el segundo se enfrenta a 6 años de cárcel ya que cuenta con antecedentes por un delito contra la salud pública.
El fiscal los acusa de abastecer de cocaína a Ana María Jiménez Jiménez, la mujer que el martes aceptaba 3 años y medio de prisión tras reconocer que traficaba con droga. Esta mujer señaló en el juicio a estos tres acusados como sus proveedores.
Al testimonio de esta mujer como prueba de cargo contra los tres acusados, el fiscal añade la declaración prestada ayer por los policías nacionales que investigaron el caso. Los agentes relataron como identificaron a los tres implicados a raíz de los pinchazos telefónicos en el teléfono de Ana María Jiménez. Además, afirmaron que en sus conversaciones hablaban en una jerga refiriéndose a "pintura" o "buscar restaurante" cuando hablaban de transacciones de droga. También hablaban de la "de los 3 nueves" para referirse "a una clase de cocaína de muy buena calidad que se encontraba entonces en el mercado en la comarca".
La Policía Nacional inició las investigaciones a raíz de una información de la Policía Local sobre la actividad de venta de droga que se producía en la casa de Ana María Jiménez en Mourente. Según los investigadores, esta mujer compraba la droga en el propio poblado a Pedro Camacho Borja (otro de los acusados que aceptó 4 años de prisión y que la obtenía en Arousa y Pontecesures) pero también de otros proveedores de fuera del asentamiento que los agentes identifican como los tres acusados que dicen ser inocentes. Ana María la vendía en su casa de Mourente o se la suministraba a sus hermanas para que la vendieran en las chabolas de O Vao. Según la Policía, Roberto Cuervo hacía de intermediario de una persona de Monte Porreiro, mientras que Olañeta y González se la suministraban desde la zona de Marín y Pontevedra.
