El subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez, defendió ayer el papel que jugó la Policía Nacional durante la manifestación que protagonizaron el pasado lunes medio millar de vecinos ante la base General Morillo de la Brilat. Tras estudiar el atestado y las imágenes de lo ocurrido, Fernández Álvarez asegura que la actuación de la Policía Nacional, que es la que depende de la Subdelegación, fue en todo momento "correcta".
Confirmó que la intervención policial ha dado lugar a la identificación de cinco personas "porque se han sobrepasado", según los agentes actuantes, e infringieron la ley 1/92 de Seguridad Ciudadana. De estas cinco personas, cuatro son vecinas de Pontevedra, y no viven "ni en Salcedo, ni en Vilaboa ni en ningún otro lugar afectado por el perímetro". Fernández Álvarez no quiso confirmarlo ayer, pero fuentes policiales explican que son jóvenes vinculados a grupos del independentismo gallego. Además, fue identificado un vecino de la zona. Los cinco serán denunciados por la Policía para que la Subdelegación inicie un proceso sancionador por la vía administrativa por conculcar esta ley de Seguridad Ciudadana.
El subdelegado del Gobierno recordó que el hecho de que la manifestación fuera legal, es decir, que estuviese "comunicada" mediante los cauces reglamentarios, no es "patente de corso" para que los asistentes "puedan hacer lo que les dé la gana".
De hecho, indicó que es responsabilidad de los promotores y organizadores contar con su propio sistema de seguridad para evitar este tipo de desórdenes y cumplir la legislación, una labor a la que se suma la Policía.
Confusión malintencionada
Fernández Álvarez quiso aprovechar su intervención para hablar "con claridad" entre tanto "vocerío" que "está confundiendo" a la gente, "en algunos casos pienso que malintencionadamente", dijo. Así, explicó que una cosa es la franja de seguridad y otra las obras que se están llevando a cabo en la zona del campo de tiro y de maniobras, terrenos "que son titularidad de defensa desde hace muchos años".
Fernández Álvarez explicó que todas las instalaciones militares del Estado tienen un perímetro de seguridad. La Escuela Naval de Marín, incrustada en pleno casco urbano, o la subdelegación de Defensa en Pontevedra cuentan con ella. En la Brilat hace unos años se inició el proceso para "actualizarlo" y que "quizá con algo de torpeza" se publicó en el BOE esta actualización. No obstante, recordó que el director general de Infraestructuras estuvo en Pontevedra hace sólo unos días y se comprometió a modificar la franja de seguridad por lo que "si se hizo alguna torpeza se va a corregir y se ha comprometido a que las viviendas consolidadas en principio serán excluidas". "Lo lógico sería darle tiempo al Ministerio para que haga estas modificaciones", concluyó.
