M. A. / C. G. / Pontevedra

La primera mesa de diálogo propuesta por Vicepresidencia para tratar de solucionar entre todas las partes implicadas la polémica que rodea el realojo de los chabolistas de O Vao se celebrará mañana en Vigo. Será una sesión doble a la que están convocados los vecinos de Monte Porreiro por una parte, a las cinco de la tarde, y los de Caritel por otra, dos horas después. Los afectados de ambos municipios se entrevistarán con representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Fundación Secretariado Gitano y los ayuntamientos involucrados, Poio y Ponte Caldelas respectivamente.

Los opositores a la permanencia de las familias gitanas en Caritel consideran positiva esta iniciativa, no así la reunión mantenida ayer con el regidor de Poio, Luciano Sobral. "De aquí no nos llevamos nada, sólo una predisposición al diálogo que llega tarde porque a nosotros nos discriminaron con respecto a Monte Porreiro", afirmó el líder del movimiento vecinal en Ponte Caldelas, Javier Sánchez.

Pretendía este colectivo recuperar la vivienda que ocupan doce de las personas desalojadas del asentamiento gitano, petición que fue denegada por el alcalde debido a las consecuencias legales que esto podría acarrear. "Pediron unha solución ao conflicto e ofrecémoslles unha mesa de traballo. Recuperar o inmoble sería entrar nunha dinámica perxudicial para o proceso, xa que as familias teñen adquiridos uns dereitos que lles confire o contrato de aluguer", explicó Luciano Sobral.

La administración local sí se comprometió a controlar los incidentes que, supuestamente, se producen a diario entre los lugareños y los recién llegados. Javier Sánchez reconoció que las manifestaciones que se llevan a cabo los fines de semana ante la casa de los reubicados acaban frecuentemente con "insultos recíprocos" entre quienes organizan las protestas y quienes las sufren.

Una aldea "pacífica"

"Seguir manteniendo esa situación es imposible. Somos una aldea pequeña, pacífica y muy sociable, pero la gente está irreconocible. Podemos llegar a algo de lo que después nos arrepintamos", admitió. Sánchez desmiente que las concentraciones se efectúen a altas horas de la madrugada o incluyan lanzamiento de petardos, tal como refleja la denuncia presentada por la asociación Pueblo Gitano en la Fiscalía. Sostiene, sin embargo, que la "crispación" está alcanzando límites peligrosos sin que las fuerzas de seguridad tomen cartas en el asunto. "Si estuviera presente una patrulla de la Guardia Civil actuaría como elemento disuasorio, pero no están todos los días", lamentó el dirigente vecinal, al tiempo que criticó la falta de vigilancia para comprobar si, como sospechan, los nuevos moradores de Caritel trapichean con droga.

La desconfianza planea sobre la población debido al ritmo de vida que, según afirman, ostentan los ex chabolistas. "Se sientan al sol, gastan 500 euros a la semana en el bar y tienen un BMW aparcado en la puerta, en cambio pagan unos alquileres ridículos", denuncia Javier Sánchez.

Derribos pendientes

El juzgado de Pontevedra remitió un requerimiento al Concello de Poio para que derribe la chabola ilegal que todavía permanece en pie en el gueto de O Vao a pesar de existir una sentencia que ordena su demolición. El gobierno local ha reiterado que acata la resolución y espera a que se resuelvan ciertos obstáculos de carácter técnico para ejecutar la orden.

La administración poiense está en vías de solucionar también las infracciones urbanísticas cometidas por las familias gitanas que levantaron nuevas construcciones sin licencia en el lugar que ocupaban las infraviviendas derribadas. "Os expedientes están abertos pero o problema non se solucionará a curto prazo", alega el alcalde, ya que los propietarios han presentado alegaciones.