Rafael R. S. cumplirá 80 años en abril. En la gran oleada de incendios que asoló Galicia en un solo fin de semana de mediados de octubre de 2017 -4 fallecidos y 49.171 hectáreas arrasadas, 22.600 hectáreas en la provincia de Ourense, la mayoría de un año con más de 65.000 hectáreas- Porqueira fue uno de los municipios afectados. La rumorología vecinal apuntaba a este mayor, que fue detenido como sospechoso de causar fuegos en la zona. El equipo ROCA de la Guardia Civil bautizó la operación como 'Farel', el apodo del septuagenario. Se le investigó por el fuego más grande, el de octubre de 2017, pero no se encontraron pruebas y la causa fue sobreseída. Ayer fue juzgado en la Audiencia Provincial de Ourense por un conato registrado un mes antes de la gran oleada, en septiembre de 2017, en el que ardieron 100 metros cuadrados. La Fiscalía solicita 4 años y medio de cárcel, con la agravante de que en aquella jornada el riesgo de incendio también era extremo. La defensa solicita la absolución. El encausado afirmó ayer en su interrogatorio que el día de los hechos, la mañana del 17 de septiembre de 2017, estuvo en casa. "Fui a hacer las curas al centro de salud y me acosté porque tenían que controlarme desde la unidad de marcapasos. Yo no prendí fuego para nada, nunca en mi vida, ni allí ni en ningún sitio. Que me vuelva del color de la ceniza", declaró en su interrogatorio.
Pero un vecino lo incrimina. Dice que, mientras paseaba el perro, vio surgir la primera columna de humo -el incendio tuvo dos focos separados por 260 metros, uno de ellos próximo a una granja- y pudo identificar, desde una distancia de 625 metros, un vehículo que asoció al del sospechoso -una furgoneta C5-, gracias a "un marco inconfundible trasero", así como su propia silueta y una forma de moverse que "coincidía" con su descripción. No tiene dudas de que era él. "No podía conducir, estaba en cama, con un aparato con el que me estaban controlando desde la residencia", había dicho el septuagenario en su intervención.
Según las manifestaciones de l testigo ayer en el juicio -declaró desde Lugo por videoconferencia-, el encausado "se detuvo, se bajó, hizo el ademán de prender, salió humo de donde se había inclinado, regresó al coche pero no ardía. Volvió a bajarse y a prender fuego. Fueron unos segundos. Después desapareció con su vehículo".
La defensa sostiene que el testigo no tiene "ninguna credibilidad" y su versión "no está corroborada por ningún elemento periférico objetivo". La fiscal delegada de Medio Ambiente, Carmen Eiró, subraya que el encausado aludió por primera vez ayer, en la vista oral, a la situación médica que supuestamente lo mantuvo en casa. "Es la primera noticia, una versión completamente nueva. En instrucción declaró que no recordaba haber ido al monte pero que sí había cogido la furgoneta". El ministerio público cree que la intención de este y otros fuegos registrados en la zona era acotar terreno de caza, como ayer corroboraron en el juicio los agentes de investigación de incendios del grupo ROCA de la Guardia Civil. El letrado, que destaca que la residencia personal de su cliente está en Xinzo aunque tenga casa en Porqueira, rebate que el acusado encaje con esa supuesta intencionalidad de perjudicar al tecor de caza porque también pertenece a él. Según los guardias, el acusado se llevaba mal con algunos socios.
El abogado del anciano incidió en la coartada clínica. "Solo unas horas antes le habían puesto un marcapasos y estuvo en la UCI. Tenía una cita el día 18 de septiembre, es decir, el día siguiente, para la retirada de las grapas".
Pero sobre todo cuestiona al vecino, mientras que la fiscal destaca que "ha mantenido la misma versión de manera inquebrantable". En cambio, la defensa señala que en sus llamadas al 112, de las que hay grabación, no consta su relato sobre el acusado. Denunció 33 días "por rumorología vecinal" , asegura el letrado. Porque "a 625 metros de distancia es imposible distinguir una figura humana. Además él mismo dice que tiene miopía, una mala visión". La Guardia Civil hizo una recreación meses después sobre el terreno y afirma que sí se distingue. El testigo afirma que se pensó no denunciar "porque era un vecino y sabía las repercusiones que podía haber". Se decidió tras el gran fuego de octubre del que el señor fue sospechoso. "Era casi vox populi", manifestó.
La alcaldesa testifica
A propuesta del abogado, declaró ayer en el juicio Susana Vázquez, alcaldesa de Porqueira (PP). Manifestó que en el pueblo había rumores de que un cazador había causado el incendio, pero asegura que nadie le mentó al acusado. "En los pueblos siempre se escuchan estos rumores pero se pueden deber a enemistades".
La defensa también llevó a juicio un perito, profesor de Medicina, que descarta la posibilidad de distinguir características de un coche más allá del color y, mucho menos, a una persona. La fiscal desacredita este informe. El experto "no estuvo en el lugar de los hechos y no conoce la capacidad visual del testigo, que no era un paciente suyo".
El acusado cree que el vecino lo denuncia movido por una mala relación por un asunto de lindes por la concentración parcelaria, en concreto, por un regato de agua. El testigo asegura que no existe "ninguna enemistad", así como tampoco "ni pleitos ni rencillas". La alcaldesa dijo que sí existen tiranteces entre las familias a raíz de la parcelaria. El denunciante sí confirmó que, un año después de los hechos, en agosto de 2018, el septuagenario lo amenazó presuntamente de muerte, unos hechos que denunció a la Guardia Civil. "Dijo que me iba a volar la cabeza". También asegura que el señor "me estuvo acosando y hostigando".
El fuego con dos focos se originó a las 9.20 de la mañana del 17 de septiembre de 2017, en un paraje de Porqueira conocido como Foz. El incendio, de 0,01 hectáreas, fue sofocado gracias al rápido aviso del vecino. La Fiscalía dice que el acusado aprovechó las condiciones favorables a la propagación de las llamas, en una jornada de riesgo extremo: 18,4 grados, humedad del 58% y rachas de viento de casi 22 kilómetros por hora. Además de la pena de 4 años y medio de prisión, solicita una multa de 3.780 euros y que abone los gastos del operativo de extinción, 259 euros.
