Las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio se concentraron ayer frente a la casa consistorial de Ourense, en la Praza Maior, en una cita que se repetirá cada día para demandar seguridad laboral ante la "incertidumbre" en la que se encuentran desde que la actual concesionaria, la firma Sacyr, anunció que dejará de prestar el servicio el 30 de noviembre. Desde el pasado 4 de enero, fecha en la que se declaró la caducidad del contrato, esta entidad ha continuado prestando el servicio en precario, pero a principios de este mes comunicó al gobierno local su renuncia, que se hará efectiva el 30 de noviembre.
En paralelo, el concurso para renovar la concesión iniciado en septiembre ha sido declarado desierto al no concurrir ninguna empresa. Ambas circunstancias han agravado la sensación de "incertidumbre" laboral entre las mujeres que conforman la plantilla, actualmente integrada por 205 personas.
Desde el Concello de Ourense, la edil de Política Social, Eugenia Díaz Abella, transmite un mensaje de "tranquilidad" al colectivo y asegura que la resolución del problema está en plazo, garantizando tanto a las trabajadoras como a los alrededor de 500 usuarios del servicio que el 1 de diciembre la ayuda a domicilio se prestará con normalidad. Lo que se desconoce es quién será la empresa que asuma la gestión con carácter temporal mientras no se resuelve la contratación definitiva a través de un nuevo concurso. La edil de Política Social avanza que se han introducido modificaciones en el pliego que están pendientes de revisión en el servicio de Contratación. El documento establece mejoras relacionadas con el precio por hora que, entiende la edil, responderán a las expectativas de las empresas.
Para mantener la asistencia a los mayores en sus domicilios, el gobierno ha planteado a Sacyr y tres empresas más que presenten una oferta de precios para continuar prestando este servicio de manera temporal. Lo cual, asegura Díaz Abella, garantiza que la atención continuará el 1 de diciembre. "Todo está documentado con informes técnicos y hablamos de empresas solventes; la dependencia es una prioridad para nosotros, por eso agilizaremos al máximo el procedimiento de contratación", indica.
En todo caso, la preocupación persiste en la plantilla. La presidenta del comité de empresa, Mónica Márquez, anunció ayer que las movilizaciones se desarrollarán hasta el día 30 porque la situación, afirmó, "no pinta bien". La representante de las trabajadoras señala que no es fácil retomar este servicio "de un día para otro", debido a su complejidad. El número de usuarios asistidos ronda los 500, y algunos requieren asistencia hasta tres veces al día, explica. "No es fácil coger este servicio en una semana y ponerlo a funcionar. Las condiciones son inviables y el precio que pagan por usuario no llega para pagar las nóminas, la empresa queda en negativo, por eso no le interesa seguir", señala Márquez. En este escenario, la plantilla denuncia la "incertidumbre" en la que se encuentran: "No sabemos qué va a pasar con nosotros ni con los usuarios".
A la protesta acudieron los representantes sindicales, entre ellos CCOO, UGT y CIG, y también portavoces y ediles del PSOE y del BNG en la corporación local. El nacionalista Luis Seara denunció la gravedad de la situación e instó a la remunicipalización del servicio, recordando que este era uno de los compromisos electorales de DO. Esta opción también fue coreada por las trabajadoras durante la protesta. Respecto al contrato temporal, Seara avisa; "O BNG estará atento, xa que o coste non pode exceder o 10%, nin se poden modificar horas; nese caso tería que facerse por concorrencia competitiva".
