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Baltar, tras el hackeo y el desvío de dos subvenciones: "Absoluta tranquilidad, la respuesta fue contundente"

La protección informática ante el ciberataque a la Diputación mantiene inoperativa la página web

La página web de la Diputación de Ourense, inoperativa. // I. O.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, manifestaba ayer su "absoluta tranquilidad" tras la respuesta policial y también de la propia administración al hackeo sufrido por el ente provincial, con el desvío de dos transferencias por un importe total de unos 170.000 euros a favor de dos asociaciones de la provincia. "El mecanismo de respuesta fue contundente. Ninguna preocupación", dijo el presidente de Ourense a preguntas de este periódico, ayer.

La Policía detuvo el viernes en Las Palmas al supuesto implicado, J.L.C.B., representante en Europa del fondo de inversiones HMK Holding. El sábado se llevó a cabo un registro por orden del juzgado de Instrucción 1 de Ourense, el que asume las diligencias de este caso. La UDEV de la comisaría provincial empezó a investigar tras la denuncia presentada por representantes de la Diputación.

La investigación continúa

Tras el aviso de uno de los perceptores de que el dinero no había llegado, la administración comprobó que la operación se había efectuada. Ya con la mosca detrás de la oreja se dio cuenta de una segunda apropiación días después. Se investiga si el objetivo del hackeo era apropiarse todavía de más dinero o si el implicado contrató o contó con la colaboración de un especialista en estas acciones cibernéticas.

La rápida respuesta permitió bloquear cuentas y recuperar parte del dinero apropiado, en torno a un 40%, según fuentes consultadas. La investigación trata de localizar el resto del montante, cuyo destino final era el extranjero. El dinero público interceptado mediante el hackeo tras las transferencias viajó primero a una cuenta de Madrid, de allí pasó por otra de Las Palmas y finalmente a una fuera de España. Esta última, presuntamente, es de una sociedad limitada que tiene su domicilio en la calle Buenos Aires de Las Palmas de Gran Canaria y de la cual, supuestamente, es administrador el detenido. Tras el ciberataque, la Diputación potenció y reforzó la seguridad informática, lo que ayer mantenía inoperativa la página web de la administración provincial.

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