La beligerancia de Gonzalo Jácome contra los funcionarios viene de lejos. En eso no ha cambiado desde que es alcalde de Ourense. El líder de Democracia Ourensana, que se define como "microliberal", impuso el control horario nada más llegar al poder para atajar, dijo, la "mafia del escaqueo". Ha defendido que hay buenos profesionales en la plantilla municipal pero también "manzanas podridas". La última polémica por su relación con los trabajadores públicos se expone en un escrito de un técnico de administración general, funcionario interino en el área de Infraestructuras, que pide amparo por un supuesto "acoso" del regidor, quien lo tildó de "enchufado" y de elaborar supuestos informes ad hoc para la causa socialista, pues es militante del PSOE. B. F. G no descarta la vía judicial. Por ahora, exige a Jácome que rectifique. El alcalde, de vacaciones, no quiere hacer más declaraciones. Desde el gobierno municipal se pronunció Armando Ojea, el concejal de Recursos Humanos, a quien precisamente pidió amparo el interino.
Un comité, conformado por 3 miembros del ayuntamiento según el edil, dictaminará si el alcalde acosó al funcionario. "Procede según la normativa activar un protocolo de actuación para estos casos. Lo he hecho porque es mi obligación, pero algunas fuentes me han dicho que en principio no se da el caso de acoso porque una de las condiciones sine qua non es que sea prolongado en el tiempo, durante un mínimo de seis meses, y esto han sido dos declaraciones aisladas", señala Ojea.
El concejal añade que las manifestaciones del regidor de Ourense sobre el funcionario se produjeron "en un ambiente extralaboral y mientras el funcionario se encontraba de baja laboral. "Dejo la situación en manos del comité, entiendo que el conflicto no es de naturaleza laboral y lo único que puedo decir es que la única relación que he tenido con este funcionario en el ámbito laboral es que se le asignaron temporalmente unas funciones en un departamento, para cubrir unas vacaciones, y su actitud fue totalmente colaboradora y cordial conmigo", añade el responsable de Personal.
El afectado se queja por escrito de un "evidente acoso del que estoy siendo objeto por su parte, por causa de mis ideas políticas". Adscrito a la concejalía de Infraestructuras que gestiona Miguel Caride (DO), "a quien tengo en la más alta consideración personal", B. F. G. esgrime unas declaraciones del regidor a Onda Cero Ourense en las que Jácome lo menciona como uno de los supuestos enchufados del ayuntamiento, "por la puerta de atrás. Tienen que estar un año o dos pero luego se quedan toda la vida y algunos de ellos llevan quince años".
El funcionario reprocha asimismo al alcalde que deslice "insidiosamente la presunta elaboración de informes voluntariamente contrarios a la normativa aplicable". Y añade: "Ya anteriormente, cuando todavía no ocupaba su actual cargo, hizo referencia a mi persona en su programa de televisión, en términos poco edificantes; atribuyéndome, entre otras falsedades, ser "el tonto útil" de no recuerdo muy bien quién".
B. F. G subraya que "por buscar una explicación a esta aparente fijación de su parte, puedo suponer que su interés por mi persona vendrá de mi condición de militante socialista; militancia que ostento, es cierto, orgullosamente desde hace ya muchos años y que supongo me ha convertido en víctima de sus diatribas y ataques en clara transgresión por su parte de mi derecho constitucional a la libertad ideológica establecida en el artículo 16.1 de nuestra Carta Magna".
"Ilegítimo hostigamiento"
El interino atribuye "a sus fobias personales (declaradas públicamente por usted mismo en diversas ocasiones) su permanente e ilegítimo hostigamiento a mi persona por cuestiones de militancia, es decir, ideológicas, en los términos que garantiza la Constitución". Tras haber eludido dar réplica con anterioridad, por "la escasa consideración que su persona y su quehacer político me han merecido y me merecen desde siempre", el funcionario alza ahora la voz "al ocupar usted la alta representación de Alcalde que, lamentablemente, no parece suficiente para poner freno a sus inaceptables e ilegítimos comportamientos, en esta ocasión no puedo, bien a mi pesar, quedar inerte y de brazos cruzados antes sus falsas e irrespetuosas acusaciones, emitidas no solo contra mí, sino también contra el colectivo de funcionarios interinos del que formo parte".
El trabajador público considera que las declaraciones de Jácome "son falsas y calumniosas y atentan gravemente contra mi dignidad y honor, pues me atribuyen la comisión de, al menos, dos delitos de prevaricación, uno como inductor y cooperador necesario, el acceso a la función pública sin seguir los cauces legales -se supone que en connivencia con quien tuviese entonces la potestad de designarme-, y otro en grado de autor, la elaboración de informes voluntariamente controvertidos".
Exige a Jácome "que ambas falaces aseveraciones sean rectificadas con idéntica publicidad a aquella con que se produjeron". Porque B. F. G. se reserva "las actuaciones penales y/o civiles que puedan corresponderme". "Como quiera que usted me ha atribuido la comisión de al menos dos delitos, entiendo que solo puede usted legalmente hacer dos cosas: o excusarse porque en el momento de pronunciar tales palabras no fue usted consciente del alcance de las mismas -algo que puede suceder a cualquiera y que, me aseguran quienes le conocen, le sucede a usted con relativa frecuencia- o, por el contrario, sostenerlas y actuar entonces en consecuencia. A usted corresponde decidir".
El escrito del funcionario que se ve víctima de un acoso añade: "En la actualidad es usted el jefe máximo y también el máximo responsable del personal de este ayuntamiento. Entre ese personal me encuentro yo, evidentemente, al menos por ahora. No soy yo nadie para recordarle sus obligaciones, pero, por lo que hace al caso, es evidente que tiene usted el deber de defender nuestro proceder, cuando actuamos correctamente, o de corregirlo, cuando no lo sea. Esta corrección en todo caso ha de hacerse, como es lógico, por los cauces legalmente establecidos".
