El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a través de un decreto, viene de admitir a tramite el recurso contencioso-administrativo presentado por el grupo de Democracia Ourensana (DO) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación provisional del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Y requiere al concello para que ordene la remisión de todos aquellos expedientes relativos al acto impugnado, fijando un plazo "improrrogable" de veinte días, y especifica que se puede remitir copia "autentificada del mismo, debidamente foliado e índices correspondientes".
El pasado 2 de mayo, el grupo de DO presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada esa mismo día, en el que se procedía a la aprobación provisional del documento de revisión y adaptación del PXOM de 1986 -que actualmente se encuentra en vigor-, según versión refundida de noviembre de 2017, con las correcciones introducidas que forman parte del expediente de planeamiento.
Para el concejal responsable del área de Urbanismo, José Cudeiro, la decisión del alto tribunal "es normal", y en esa línea de restar relevancia a la decisión judicial, advierte que por parte del gobierno popular se procederá a remitir en el plazo fijado "toda la documentación", además de mantener que la decisión que se adoptó "cuenta con los informes favorables de técnicos municipales -del área de Planeamiento Urbanístico y del jefe asesoría jurídica-, y sobre todo del Consello Consultivo de Galicia, en el que se sustenta el acuerdo adoptado por el gobierno popular.
La decisión de aprobar provisionalmente el documento del nuevo PXOM por parte de la Junta de Gobierno contó desde su inició con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, aunque solo fue Democracia Ourensana la que decidió acudir a la vía judicial.
El grupo de Ourense en Común optó por la el recurso en vía administrativa, que resolverá el propio gobierno, mientras que los socialistas anunciaron medidas pero que no se llegaron a concretar a día de hoy.
Entre los argumentos que se esgrimieron los tres grupos de la oposición estaban los informes emitidos tanto por el secretario de pleno y el interventor municipal, ambos contrarios a esa aprobación provisional.
Así, el secretario dejaba patente en el informe emitido que cualquier aprobación, tanto inicial de documento -que se produjo a finales de 2013 por parte del anterior gobierno socialista- como la provisional que se hizo vía Junta de Gobierno, como la definitiva corresponde al pleno de la Corporación Municipal.
Informe desfavorable
Por su parte, el interventor informó de forma desfavorable el proyecto, dejando patente "una serie de deficiencias", tanto en el apartado económico como en otras relacionadas con "modificaciones sustanciales" del documento aprobado inicialmente, que deben llevar consigo una nueva exposición pública, que es rechazada por parte del gobierno popular, al considerar que las modificaciones realizadas "no son sustanciales".
