"Era fiscal delegado de Menores en Ciudad Real y llegué a Ourense para ser fiscal jefe en 2004 con unas condiciones, que creo que se tienen que cumplir, para un puesto que como muchos otros llevaba aparejado vivienda". Este es uno de los argumentos que cita el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, para mantener gratis su vivienda de 200 metros cuadrados, ubicada en el centro de la ciudad de As Burgas, y cuya renta costeó la Xunta entre 2004 y el verano de 2016 -con una interrupción en 2008 durante el gobierno bipartito-, momento en el que dejó de abonar el alquiler, de más de 900 euros al mes sin contar los gastos de suministros. Otros cargos institucionales tienen domicilio a su disposición por parte de las administraciones, aunque no sea en las condiciones del fiscal.
El comisario Juan Carlos Blázquez, natural de Madrid, vive en la vivienda oficial de la comisaría, en unas dependencias ubicadas en la tercera planta de la sede policial de As Lagoas, que también usó su antecesor en el cargo, Antonio Álvarez. Hace unos meses se acometieron reformas en la terraza, que se encontraba en mal estado. El jefe de la Guardia Civil en Ourense, el teniente coronel Manuel Javier Novo, también cuenta con residencia institucional en el acuartelamiento de Santa Mariña, el principal de la provincia al albergar la Comandancia. En las instalaciones también tienen su vivienda más guardias civiles.
El jefe provincial de Tráfico, David Llorente, reside en una vivienda oficial de la DGT. Esta administración dispone de un piso en cada capital de provincia del que solo puede hacer uso el responsable provincial. Sin embargo, disponer de la vivienda oficial implica un descuento en nómina de una cantidad por renta en especie, según el valor catastral del inmueble. A mayores, los jefes de Tráfico asumen los gastos de consumos.
En la Subdelegación del Gobierno, en la planta anterior al bajo cubierta, existe un espacio reservado para apartamento del subdelegado y el secretario general. Ninguno de los dos hace uso. El actual político en el cargo, Emilio González Afonso (PSdeG), "vive en su casa particular y no percibe ninguna ayuda para costear los gastos ni nada por el estilo. Vive como el resto de ciudadanos", subrayaron ayer desde su equipo.
Durante la época de Roberto Castro (PP), todavía con Mariano Rajoy en el poder, se suscribió un convenio con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para ceder parte del espacio de esa planta al organismo de cuenca. La superficie para vivienda es más reducida pero sigue existiendo por si fuera necesario en el futuro dar uso a la vivienda institucional inherente al puesto de subdelegado.
En el ámbito judicial, el Tribunal Superior aclara que "con respecto a los jueces, a nadie se le paga un alquiler". El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, y el fiscal superior, Fernando Suanzes disponen de vivienda asociada a su cargo, en el palacio de justicia de la Plaza de Galicia de A Coruña. Los presidentes de la Audiencia de Ourense Antonio Piña y Fernando Alañón no recibieron gastos para sufragar su vivienda pese a que en el Pazo de Xustiza ya no existían dependencias institucionales, que en el pasado, antes de la ampliación del edificio, sí usaron otros cargos. Desde que la Xunta cesó el pago del alquiler en 2016 de la vivienda del fiscal jefe de Ourense "ya no es titular de ningún contrato de alquiler de cargos judiciales".
Piden documentos a la Xunta
El abogado del propietario del piso en el que vive el fiscal jefe, que reclama a la Xunta 21.706 euros, incluido el IVA, por un impago de renta desde el verano de 2016, ha solicitado que la administración aporte diversa documentación en el marco del pleito, cuyo juicio está fijado para el 22 de febrero, salvo que se aplace, como quiere la administración. Entre la documental solicitada figura que la Xunta acredite si siguió costeando gastos de consumo tras dejar de sufragar el alquiler. Este periódico intentó ayer una aclaración de Facenda, pero no obtuvo respuesta.
