El Concello evitará pagar una indemnización millonaria a los propietarias de las parcelas del actual edificio judicial en la zona de O Couto, después de que el Tribunal Supremo no admitiese a trámite el recurso de casación presentado por los titulares de los terrenos, que reclamaban algo más de 3,7 millones de euros. El Jurado de Expropiación de Galicia había fijado un precio de 566.339 euros, cantidad con la que el Concello estaba de acuerdo.
Con la providencia del Supremo, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es firme, como indicó ayer el edil de Urbanismo, José Cudeiro, por lo que lo que queda ahora es llevar a cabo la tramitación correspondiente para proceder al abono de esta cuantía económica establecida por el jurado de expropiación.
Por lo de pronto, el Concello trasladó al letrado de los demandantes de la indemnización la necesidad de presentar la documentación correspondiente, relativa a la titularidad de esos terrenos, por ser herederos de los mismos. Se trata de una tramitación que se debe concretar, como explica el edil de Urbanismo.
Modificación de crédito
Una vez se aporte toda esa documentación, el gobierno popular tendrá que llevar a cabo el correspondiente expediente de modificación presupuestaria por esa cantidad, los 566.339 euros, que deberá quedar para el ejercicio de 2019, debido a que no da tiempo en el actual, al cerrarse el próximo 31 de diciembre.
Pero lo que se destaca por parte del gobierno local es la relevancia que tiene el no tener que hacer frente a esa reclamación millonaria, después de que sentencias anteriores hubieran incrementado sustancialmente el pago de los terrenos en donde se asientan tanto el nuevo edificio judicial como el centro de salud de O Couto.
Este proceso judicial, relacionado con las reclamaciones por el pago de los terrenos, fue la continuación de las expropiaciones que se tuvieron que realizar, durante los dos últimos mandatos, con demoras, en un caso con el procedimiento de notificaciones, y luego por el precio de esas parcelas. Los herederos de los propietarios acudieron a la vía judicial para incrementar las cantidades económicas que se habían fijado, incluso después de que entrasen en funcionamiento las dos infraestructuras públicas.
