El 26 de abril de este año, la secretaria xeral Técnica y de Patrimonio de Facenda, M. P. S. M. H., prestó declaración en calidad de investigada ante el fiscal jefe de Ourense, que el 28 de septiembre firmó una querella contra ella y el subdirector de Patrimonio, P. J. M. P., por un presunto acoso inmobiliario, por "forzar" al desalojo a dos inquilinos con rentas de 25,26 y 74,97 euros -un hombre de mediana edad y una vecina de 92 años que vive en un hotel porque el ascensor lleva inoperativo desde enero -, en el edificio público de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, que la Xunta quiere reformar para oficinas.. Constan varios escritos firmados por la alta cargo y redactados por el técnico en el proceso para que los inquilinos dejaran sus viviendas del cuarto y quinto piso. Asistida por una letrada de la asesoría jurídica de la Xunta, la secretaria xeral justificó en abril ante el fiscal jefe que su responsabilidad en los documentos se limita a su rúbrica, no a su elaboración. Ella no redacta.

Tras la defensa de los dos querellados que hizo el presidente Alberto Núñez Feijóo el jueves, el conselleiro de Facenda también avaló ayer su labor. Valeriano Martínez, que el 1 de junio declaró ante el fiscal de Ourense en calidad de testigo, se escudó este viernes en que "puede haber errores, pero lo que siempre se antepone es el interés general".

El político, de quien no consta "por ahora" que "hubiera conocido o amparado actuaciones intimidantes" según la querella de la Fiscalía, justicia que existía un "bien superior", dar uso administrativo al edificio público para ahorrar gastos. Además, afirma que los vecinos "fueron contactados" y se les ofreció "un alquiler equivalente" o una indemnización. Martínez respalda a los dos cargos, sobre cuya imputación decidirá el juez Luis Doval, de Instrucción 2 de Ourense. "Su proceder tanto personal como sobre todo profesional está en defensa de los intereses de la comunidad", afirma el conselleiro de Facenda.

El PSdeG, a través de la diputada Noela Blanco, lleva el caso al Parlamento y exige responsabilidades.