Los intentos de la oposición de impedir la externalización de la gestión del centro de menores Montealegre de Ourense han caído definitivamente en saco roto. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la resolución por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo del servicio durante los próximos dos años.
Finaliza así el proceso de contratación al que concurrieron cinco licitadores, siendo la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con sede social en Murcia y la misma que gestiona los centros Monteledo y Montefiz, en el mismo complejo, la que se ha hecho con el contrato por un importe de adjudicación de 3.237.394 euros, IVA incluido.
El servicio se refiere a la gestión y dirección del centro mediante un programa de acogimiento residencial de menores bajo medida de protección de tutela o guardia de la Xunta de Galicia. El servicio contempla 24 plazas y está especializado en la atención terapéutica para menores de 12 a 17 años con problemas de conducta.
Usuarios
En particular, el pliego de condiciones recoge que serán usuarios de este centro menores tutelados por la Xunta, que manifiesten graves problemas de conducta que hacen incompatible su convivencia en centros residenciales básicos. Se trata de atención terapéutica que no implica un proceso judicial previo ni medidas de reforma.
Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, podrá acordarse el ingreso de un menor de edad inferior a los 12 años. En todo caso, dicho ingreso se planteará como último recurso, cuando otras medidas de protección menos restrictivas hayan sido consideradas y se estimen insuficientes. Así, el tiempo de acogimiento, añade el pliego, será el "estrictamente necesario".
El centro de menores Montealegre permanece cerrado desde 2012 y reabrirá sus puertas tras destinar la Consellería de Política Social una inversión adicional de 1,5 millones de euros a la infraestructura.
Desde el anuncio de su reapertura y concurso para la contratación externa de la gestión, la oposición se ha mostrado contraria. La Xunta, en cambio, ha defendido que se convertirá en un centro de "referencia".
