Ataúdes Hijos de Luis Chao Sobrino, una de las firmas más conocidas de un sector puntero en la comarca del Avia -que ha llevado el nombre de Ribadavia por el mundo-, está en una situación crítica, según el secretario nacional de la CIG-Construcción en Galicia, Plácido Valencia, que matiza que "es especialmente delicada para sus 32 trabajadores, que llevan ya cuatro meses sin cobrar". Añade asimismo que "el problema está enquistado no por falta de pedidos sino a causa de la guerra familiar abierta en el seno de la compañía" . Una situación que ya llevado a la firma al concurso de acreedores y puede abocarla al cierre.
Sin pedidos
Plácido Valencia compareció ayer, acompañado por trabajadores de la plantilla de la empresa en Ribadavia, "cuya situación se ha hecho ya insufrible tras el reciente cambio de gerencia, que no mejoró los problemas existentes ya que la nueva dirección está atada de manos y no puede vender nada porque la anterior dejó todo en exclusividad a un único cliente".
Según indicó este portavoz de la CIG desplazado a Ourense para estudiar la situación de los trabajadores "lo que ellos me cuentan es surrealista, pues al parecer los empleados de administración se fueron nada más cambiar la gerencia y los trabajadores del taller siguieron, pero no tienen apenas trabajo que hacer", indica.
"Como consecuencia, la empresa queda en la práctica sin actividad y mantiene una deuda salarial con los trabajadores de cuatro mensualidades, y ya va camino de una quinta, puesto que todo apunta a que no abonará tampoco el sueldo del mes de abril (no ingresó la nómina de marzo, a lo que hay que sumarle los tres meses que arrastra sin pagar desde el año 2016 y que están reconocidos en el concurso). Además, en este tiempo los empleado padecieron hasta tres ERTE", explica la CIG .
Ante esa situación, prevé mantener una asamblea esta semana en la que abordarán la convocatoria de una manifestación para reclamar el pago de las deudas y en demanda de una solución que garantice la continuidad de la empresa y de sus puestos de trabajo.
Según indica en un comunicado público la CIG ,"los trabajadores tuvieron conocimiento de que a finales del año pasado la anterior dirección solicitó , supuestamente y hasta dos veces, la liquidación de la compañía".
Con las manos atadas
"Lo más duro de todo esto es que estén utilizando a los empleados en una guerra de familia", indica Valencia. Además, otro de los problemas planteados al entrar en concurso es que "la empresa tampoco puede legalmente presentarse a las subastas públicas para la fabricación de ataúdes; de hecho, uno de sus clientes era la Comunidad de Madrid", indica el e secretario nacional de CIG-Construcción.
Al estar el tema en el juzgado de lo Mercantil de Ourense, "es complicado actuar desde lo Social, a ver si recuperamos al menos los salarios de 2016 a través de Fogasa, y el resto esperar que ocurre pues no tenemos ni una sola noticia del administrador concursal", indica la CIG. Sí destaca la sensibilidad que está mostrando la jueza de lo Mercantil "interesada en todo momento y muy preocupada por la situación laboral y empresarial",advierte Valencia, "mientras una parte de la empresa parece querer la liquidación, la nueva gerencia dice querer continuar", añade.
