Todo el clan familiar de Los Madriles -seis en total- será juzgado por el cautiverio escalofriante que padeció una joven en Ourense durante 20 días: retenida contra su voluntad en una de las dos casas próximas del grupo, fue violada presuntamente en varias ocasiones, forzada a robar y drogarse, e incluso a comer su vómito y a dormir sobre la orina. El juez Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1 de Ourense, procesa a Javier G. J., de 40 años, como presunto autor material del rapto, las agresiones sexuales y las amenazas que sufrió la víctima. Su madre, Ana J. G., su padre, Luis Manuel G. M., y tres hermanos -José Luis, Ángel y Alberto, exnovio de la víctima este último- también son señalados en el auto como los supuestos cómplices o cooperadores necesarios. Según las declaraciones de instrucción, se veían a diario y solían comer juntos, por lo que tenían que estar al tanto de la situación que denunció la mujer.
Los presuntos delitos atribuidos en el auto de procesamiento -una calificación orientativa, pues la acusación corresponde a la Fiscalía- anticipan una petición de condena muy elevada para el presunto violador, para quien el juez confirma la prisión preventiva: agresión sexual -de 6 a 12 años-, detención ilegal -de 4 a 6-, otro delito de coacciones -prisión de seis meses a 3 años-, y también presuntas amenazas -hasta 5 años de cárcel -.
La víctima denunció que el 4 de enero de 2018, Javier G. J la obligó a alquilar una habitación en un hotel mediante coacciones y amenazas. Allí presuntamente la forzó a mantener relaciones sexuales. La mujer asegura que después estuvo 20 días retenida en contra de su voluntad en el domicilio del sospechoso. Durante ese periodo, según recoge el auto de procesamiento, "fue objeto de continuas amenazas y vejaciones" entre las que se incluían hacerla comer el vómito o dormir sobre su orina, "llegando incluso a golpearla en todas las partes del cuerpo empleando objetos contundentes como una "cachaba" (un garrote), añade el magistrado.
Según se desprende de la denuncia y los indicios de la instrucción, la víctima "también fue obligada a mantener relaciones sexuales con Javier, a drogarse, a sacar dinero, y a intervenir en distintos delitos contra la propiedad, todo ello bajo coacciones y amenazas tales como "te mato" o te "arranco los ojos".
En el mismo domicilio en las proximidades del cementerio de San Francisco en el que presuntamente estuvo retenida la víctima en contra de su voluntad, y donde tuvo lugar la redada policial en enero, vivían otros familiares del sospechoso: la matriarca del clan Madriles, Ana J. G. así como dos hermanos, José Luis y Ángel G. J. En las proximidades viven el padre Luis Manuel G. M. y Alberto G. J., que fue novio de la víctima hace años. Todos "eran perfectamente conocedores de la situación que estaba viviendo" la víctima.
Según el auto de procesamiento, el presunto violador y su madre llegaron a amenazar a la progenitora de la víctima, por lo que a ambos se les imputa la autoría de un delito de amenazas/coacciones. El principal procesado dijo presuntamente a la señora que iría a su casa si denunciaba. La matriarca también amenazó presuntamente a la madre de la víctima cuando se encontraba en comisaría. Según recoge el magistrado, le dijo que tuviera "cuidado" con lo que pudiera pasarle a su hijo Javier.
Órdenes de alejamiento
La medida de prisión provisional sin fianza para el presunto violador -confirmada en este último auto- se suma a una orden de alejamiento que prohíbe a Alberto, hermano del acusado y exnovio de la víctima, aproximarse a menos de 300 metros de la joven. Sobre los otros cuatro investigados del clan Madriles también pesa una medida que sitúa la distancia en 200 metros. Además, para velar por la integridad de la madre que denunció, el magistrado confirma medidas de alejamiento para Ana J. G. y el principal acusado con respecto a la señora.
El instructor destaca que la declaración de la mujer no incurrió en contradicciones, fue "coherente, razonable y perfectamente creíble", sin que existan razones para dudar de su objetividad "dado que el propio denunciado reconoció no tener ningún problema con la denunciante". Javier G. J. alegó que las relaciones sexuales habían sido consentidas, pero el juez considera esta versión "poco creíble". La víctima tenía el cuerpo "lleno de hematomas" que eran compatibles con las lesiones que denunció.
Según el auto, la madre del presunto violador reconoció que la chica se encontraba en la casa contra su voluntad, al manifestar que su hijo Javier no la dejaba salir de casa, y que ella tenía que darle de comer "por detrás". Ante los periodistas negó el delito y aseguró que las relaciones eran consentidas, que la chica era libre de salir e iba con ellos a la chatarra.
Fianza de 6.000 euros en un día
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que desde que resulten indicios racionales de criminalidad contra una persona, se ordenará que preste una fianza suficiente para asegurar las responsabilidades económicas que tenga que asumir en caso de una condena. Dice el juez que "es indudable" que "por las lesiones sufridas tanto física como psíquicas" por la víctima "tendrá derecho a una indemnización que habrá de ser satisfecha de forma solidaria por los procesados en la presente causa". El magistrado decreta en el auto de procesamiento una fianza de 6.000 euros que pueden aportar entre todos. Solo les da un día de plazo, con el apercibimiento de que si no la satisfacen a tiempo "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
La resolución de procesamiento, de fecha 28 de marzo y que admite recurso por parte de las defensas, cita a todos los investigados para el último trámite antes de que se concluya el sumario y se remita a la Audiencia Provincial de Ourense para la celebración del juicio. Los seis procesados del clan Madriles comparecerán de nuevo en el juzgado para someterse a la declaración indagatoria, un requisito de las causas por sumario (el trámite para los asuntos más graves, en los que la pena posible supera los 9 años de prisión). También está pendiente la declaración de un testigo.
La Fiscalía pidió investigar tenencia ilícita de armas tras relatar la víctima que tenían en casa granadas, armas blancas, una pistola, una escopeta y ametralladoras. Solo aparecieron una de balines, así como unos bastones y hachas. Este delito queda descartado.
