La juez actual del juzgado de Trives ratifica, en un auto de esta semana, el archivo provisional que había acordado la anterior magistrada a finales de marzo, a la espera de un informe de la Valedora do Pobo que no ha alterado el criterio inicial. La instructora no ve motivos para seguir con una causa penal contra el veterano alcalde de O Bolo, Manuel Corzo (PP), en el poder desde 1991 y defendido por el abogado Miguel Diéguez Díaz, del despacho ESEDE. El portavoz socialista, Juan Ferreira, denunció al regidor y también a la secretaria por denegar supuestamente el acceso a documentación, impidiendo el derecho a fiscalización y control de la oposición, por bloquear la celebración de plenos y la participación en los mismos, así como por diversos insultos del primer edil.

El denunciante recopiló manifestaciones en plenos y en la prensa para acusar al regidor de unas injurias. La juez de Trives resuelve que "deben considerarse imbuidas dentro del exceso dialéctico que caracteriza el lenguaje político, indeseable en todo caso, pero que se produce tanto por la parte del señor alcalde como del señor concejal que formula la denuncia -cita actas de plenos-, llevándose su trifulca a un terreno eminentemente personal, en vez de aprovechar su tiempo, en buscar puntos comunes, en beneficio de los ciudadanos".

Sobre el supuesto bloqueo a la oposición, entiende la juez que "no nos encontramos frente a un supuesto en que el alcalde o la secretaria hayan coartado o impedido sistemáticamente el ejercicio de oposición política, o que se haya dado nula contestación a las innumerables solicitudes de información formuladas durante estos años". Atiende la instructora a unas peticiones abusivas y "masivas" de información, obrando el concejal de la oposición "de una forma desproporcionada". La magistrada califica el proceder del socialista como "tremendamente gravoso para la marcha del ente local, ante la necesidad de tener que dedicar los escasos medios materiales y personales que posee a tal fin, colapsando la oficina municipal".

Con respecto a la no convocatoria de plenos extraordinarios, toda irregularidad queda descartada al ser el denunciante el único que los había solicitado, cuando es requisito que la petición lleve la firma de, al menos, una cuarta parte de los miembros de la corporación.

En el ayuntamiento de O Bolo (menos de 1.000 habitante), la política municipal se había instalado en los juzgados. El PSOE local -en minoría en la oposición, con 3 ediles frente a 5 del PP- presentó dos denuncias por lo penal contra el alcalde. La primera va al archivo, aunque cabe recurso de reforma ante el propio juzgado, o de apelación a la Audiencia. Por la segunda, en la que el portavoz socialista acusa a Manuel Corzo de no solucionar el problema de la potabilidad del agua en una aldea, el alcalde aún no ha sido citado. La juez considera "rechazable en todo caso, el fenómeno de la judicialización de la vida política y el uso del Derecho Penal como instrumento de confrontación".