La recusación de Baltar contra la juez que lo investiga por presunto acoso sexual, tráfico de influencias o cohecho sigue en tramitación dos meses después de que la defensa del presidente de la Diputación presentara su escrito. Desde entonces, la causa permanece parada en la práctica, pese a que consta designado un juez sustituto para la titular de Instrucción 3 y Violencia de Género, Eva Armesto, quien se apartó a finales de diciembre para dar trámite al incidente, aun sin compartir los motivos expuestos por la defensa. El letrado del presidente, Juan Ramón Montero, de Madrid, censuró la supuesta "enemistad" de la juez e incluso una "confabulación" con la denunciante-investigada, T. F. C. Luis Romero, el abogado de Baltar padre -también imputado-, se adhirió, cargando las tintas sobre la "irregular" personación de DO. El partido de Jácome es acusación popular en la causa.
Tampoco vio encaje legal la Fiscalía, que hasta la fecha había coincido con las posturas de la defensa a favor del archivo o la prescripción. En la última resolución de este incidente, la Audiencia Provincial requiere al ministerio público para que informe de nuevo sobre la recusación. Después, el tribunal decidirá. Lo normal es que la Fiscalía se oponga de nuevo a que prospere la recusación. El pasado diciembre, en un escueto escrito, el fiscal jefe, Florentino Delgado, negó razón de "enemistad" y se opuso a que la autoridad fuera apartada, al no apreciar causa alguna que figure entre los supuestos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El planteamiento de Baltar, afirmó entonces Florentino Delgado, "parece que debe entenderse como de existencia de enemistad manifiesta, no pareciendo evidente la misma más allá de la valoración del trabajo instructor, sobre el que cada parte del procedimiento puede tener su criterio y adjetivación, sin que ello presuponga enemistad susceptible de configurar causa de recusación".
En contraste, el abogado del presidente ve en las decisiones de la togada "una enemistad o interés en contra de los intereses que represento." Las resoluciones de la magistrada -expuso en su escrito- , "solo se explican por un interés que no alcanza a entender esta parte, por la trascendencia pública de la causa, una animosidad hacia mi representado y su padre o la formación política a la que pertenecen, o por cuestiones ideológicas o personales; o bien todas ellas, excediendo en cualquier caso la imparcialidad e independencia que corresponde".
La defensa culpa a la magistrada de Instrucción 3 de "mantener abierta una causa inconsistente, con la consiguiente difusión y perjuicio para mi representado, tanto en su ámbito personal como en el político", hasta "buscar más allá de cualquier fundamento razonable la criminalización de la conducta de mi representado".
Luis Romero, el letrado de José Luis Baltar, se adhirió argumentando "una pérdida de la apariencia de imparcialidad objetiva". Entre otras razones, por el hecho de que "asumió funciones que sólo incumbían a una de las partes, subsanando de oficio y sin que la parte interesada lo hubiera pedido, la defectuosa personación de la acusación popular, ejercida por el partido político Democracia Ourensana".
El presidente y su predecesor son los únicos que promueven apartar a la juez definitivamente del proceso. El otro investigado, el jefe de Personal de la Diputación y alcalde del PP en Monterrei, José Luis Suárez, no se expresó ni en adhesión ni rechazando causa.
La Sección Segunda o penal de la Audiencia Provincial ya tiene en su poder todos los documentos relacionados con el caso. Las diligencias previas 4715 / 2015 de Instrucción 3 han dado como consecuencia el "incidente de abstención" 4/2017. El tribunal ya ha conformado la sala de tres magistrados que deberá decidir. La presidirá Ana María del Carmen Blanco Arce, a quien además corresponde la ponencia de la resolución conforme al turno de reparto establecido para este tipo de incidentes. Completan la terna Amparo Lomo del Olmo y Manuel Cid Manzano.
