El proceso de legalización de la residencia universitaria "As Burgas" ha entrado en su fase decisiva después de que la concesionaria Siresa Noroeste solicitase el pasado miércoles en el Concello de Ourense la correspondiente licencia de apertura. La junta de propietarios del polígono en el que se ubica esta dotación remató el pasado mes de diciembre las obras de urbanización necesarias para que el gobierno local pueda conceder la autorización municipal que permita a la empresa reiniciar la actividad suspendida desde agosto de 2014.
La residencia lleva dos cursos académicos cerrada como consecuencia de la resolución judicial definitiva que obligó su precinto. Llegó a estar 12 años en funcionamiento sin cumplir las mínimas garantías de seguridad y evacuación frente a emergencias ya que no estaba urbanizada, por lo que su reapertura está condicionada a la dotación de los viales que garanticen el acceso de ambulancias y vehículos de bomberos.
Estos trabajos están ejecutados y la junta de compensación los ha ofrecido ya al Concello de Ourense para que los recepcione. Este trámite está todavía pendiente porque, según explica el edil de Urbanismo, José Cudeiro, estaba pendiente de una documentación que ya ha sido requerida por lo que, avanza, "no habrá ningún problema en este sentido". Respecto a la licencia de apertura que deberá conceder la junta de gobierno local para que Siresa pueda reiniciar la actividad, la petición entró en el Concello el miércoles, en la jornada previa a los festivos de la Semana Santa, por lo que los técnicos no han tenido tiempo de analizarla. "La próxima semana la verán pero hay que tener en cuenta que la licencia de la residencia fue anulada por los tribunales por lo que hay que iniciar el proceso desde el principio y comprobar que toda la infraestructura cumple con la normativa vigente", explica el concejal.
Con este motivo, el gobierno local y la vicerrectoría del campus de Ourense, representada por el profesor Virxilio Rodríguez, mantuvieron una reunión la semana pasada. Ambas partes se mostraron dispuestas a colaborar desde el punto de vista técnico para que la tramitación de la licencia discurra de forma ágil y efectiva. El edil de Urbanismo se mostró partidario de resolver el proceso "lo antes posible". El plazo para otorgar la autorización si se cumplen todos los aspectos legales es de tres meses pero Cudeiro sostiene que "si la documentación es la correcta y no surge ningún problema podría resolverse en un mes".
Una vez recepcionadas las obras, la junta de compensación reclamará al Concello el aval de 162.000 euros depositado en su día por Siresa, a quien correspondía ejecutar las obras de urbanización. El abogado de los propietarios, Antonio Feijóo, señala que las obras superan los 600.000 euros, una cantidad muy superior a la retenida por el Concello pero aun así reclamarán la cantidad.
