La guerra que, en los últimos cuatro años, mantienen los vecinos del rural del municipio de Ourense, por el deficitario estado de las labores de limpieza en los núcleos del perímetro de la capital, ha acabado en el juzgado, y obligará al Concello a verse las caras con los demandantes el próximo 8 de junio.
La Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño, que representa a 22 colectivos de otros tantos núcleos del rural del municipio de Ourense, presentó un escrito de demanda formulando recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso de Ourense contra el ayuntamiento de la capital, por "incumplimiento de la contratación de los servicios de limpieza en el perímetro rural" y el juez ha admitido a trámite la demanda y ha citado a las partes para la celebración de la vista, el día 8 de junio a las 11 de la mañana.
En la demanda presentada por la Agrupación Miño, se recuerda que llevan varios años acumulando denuncias sistemáticas, en este caso por vía administrativa ante el Concello, por el incumplimiento por parte de la firma concesionaria, Ecourense del contenido de las bases que se comprometió a cumplir hace seis años.
Las bases indican que en esos núcleos rurales, deben realizar cada semana, dos barridos manuales; un barrido de mantenimiento; un barrido mecánico de aceras; un barrido mecánico de calzada y un baldeo mecánico de calzadas. Sin embargo, según los demandantes, "la empresa no cumple, y en los seis años que llevan de concesión en muchos barrios del perímetro rural no se ha visto muchos de esos servicios", indica José Manuel García Casares, portavoz de Agrupación Miño.
García Casares explica que "no hay ninguna intencionalidad política en que la demanda se haya presentado en este momento; el gobierno actual solo es heredero del problema, lo que ocurre es que llevábamos varios años interponiendo escritos y dos años recolectando el dinero necesario entre los vecinos, para presentar este proceso. Le tocó a este gobierno recibir la denuncia por casualidad, y solo le pedimos que intente solucionar el problema cuanto antes y la empresa concesionaria cumpla" ,explican.
4.500 socios en el rural
La Agrupación Miño integra a 22 asociaciones que suman 4.500 socios "al pago de la cuotas, que es lo que le dar carta de legalidad", puntualiza su portavoz. Entre todos han sufragado los costes de un proceso en el que, pese a ser la que supuestamente incumple una empresa privada, es el concello el que recibe el varapalo judicial por no conseguir que Ecourense cumpla, según los demandantes, las bases del contrato que firmó en su día esta administración local. Los vecinos creen que la ley les ampara "y salvo sorpresas ganaremos, pues el incumplimiento es claro", afirman.
