La empresa titular de la discoteca La Bull presentó ayer un recurso contencioso administrativo contra el decreto del concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que ordena el cierre y precinto del local con el argumento de que la actividad representa "un grave peligro para la seguridad de las personas", solicitando que se anule, así como proceder a la reclamación de los daños y perjuicios que se ocasionen.
En su escrito, los titulares de La Bull sostienen que la decisión de cierre y precintado es "injustificable", y que no tiene otra finalidad que "arruinar" la campaña navideña, así como que es adoptada con plena conciencia de la "falsedad" que implica afirmar que existe peligro para la seguridad de las personas.
Y así advierten de que tanto el concejal como las técnicas jurídicas del departamento de licencias autoras del informe que sirve de base a la orden de cierre, son conocedoras de otros informes técnicos que vendrían avalar la apertura del local, y hacen mención especial al del oficial de Incendios, que, en materia de su competencia, señala que cumple con la normativa vigente, además de dejar constancia de que la discoteca cuenta con un plan de emergencias aprobado por el propio Concello.
Otro de los argumentos que esgrimen para solicitar la anulación del precinto y cierre, se centra en que después de haber inspeccionado el local la aparejadora municipal, el del servicio de bomberos y la ingeniera industrial del Concello, con resultado favorable a la apertura, concluyen que no hay duda de que el establecimiento se adapta al proyecto y a la normativa aplicable y su actividad es plenamente segura para trabajadores y clientes.
Silencio administrativo
Es por eso que consideran una "ilegalidad manifiesta" que por parte del Concello se adopte una medida cautelar fundada en "grave peligro para la seguridad de las personas", cuando sostienen que no existe ni urgencia ni peligro, y mucho menos "actividad clandestina" como así se llegó a señalar.
Y sobre todo cuando los propietarios tienen desde hace mes y medio pendiente una certificación de silencio administrativo, después de comunicar la decisión de abrir el establecimiento, con escritos instando al Concello la resolución expresa de la concesión de licencia de apertura.
De ahí la referencia que hacen en el recurso a la Ley Gallega 9/2013 que establece en su artículo 42.6, relativa a que el transcurso de más de tres meses desde la entrega en el Concello de toda la documentación exigida implica la obtención de licencia de apertura por silencio. Así como los "irreparables perjuicios" derivados del cierre, que supondrá el despido de las 16 personas que trabajan en el local.
Sobre el recurso presentado, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, se limitó a señalar que la decisión adoptada se sustentó en "informes técnicos y jurídicos", y evitar en otras consideraciones, que se hacen por parte de los propietarios de la discoteca, alegando que una vez el asunto se encuentra en la vía judicial, en este caso el contencioso administrativo, será la que decida sobre esa cuestión.
