El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, reconoció ayer que "la preocupación está ahí" ante la posibilidad de que el día 17 de este mes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepte el primer contencioso, de los nueve presentados contra las normas urbanísticas provisionales que rigen en la ciudad desde hace cuatro años, como solución de urgencia a la caída del plan de urbanismo entonces en vigor, y pidió por tanto "la mayor celeridad posible" por parte de todos los grupos políticos, para aprobar un nuevo Plan de Ordenación Municipal.
Esta ordenación urbanística provisional entró en vigor en octubre de 2011, tras ser anulado por sentencia judicial firme el Plan Municipal de Ordenación Municipal, PXOM de 2003 que estaba en funcionamiento en aquellos momentos.
Reunión del equipo redactor
Precisamente la situación que podría plantearse en la ciudad, en el supuesto de que el TSXG acepte el contencioso y caiga esta ordenación urbanística provisional, fue el tema monográfico de la reunión mantenida ayer entre el edil de Urbanismo y el equipo redactor del Plan Xeneral de Ordenación Municipal, que había quedado aprobado inicialmente por el anterior gobierno socialista, y que ahora está en fase de estudio de alegaciones.
Según el concejal de Urbanismo de Ourense, José Jesús Cudeiro, "en la reunión de ayer expusimos todas las posibilidades, que son muchas pero hay que esperar al 17. Es pronto para saber qué va a decir el tribunal y en el peor de los casos, la presentación de un recurso de casación contra la anulación, también sería una de las soluciones para tratar de paralizar el proceso en tanto no se aprueba un nuevo plan de forma definitiva".
Por su parte el alcalde insistió que en "independientemente de lo que decida el tribunal, tenemos que tratar de trabajar para que el mal sea el menor posible, y entre todos los partidos políticos tenemos que darle seguridad jurídica a los inversores", indicó el regidor.
Precisamente la falta de un plan de ordenación municipal aprobado, que se prolonga desde esa caída en 2011 del plan de 2003, ha hecho que algunos inversores, entre ellos los grandes como Eroski o El Corte Inglés, e incluso alguna firma de artículos deportivos conocida internacionalmente, hayan decidido renunciar o bien retrasar su ubicación en Ourense, ante las dificultades que supondría conseguir una licencia estable en esta situación como la actual.
Inseguridad jurídica
El alcalde reconoce que hay que alcanzar ese acuerdo que permita "acabar con esa inestabilidad que ha vivido la ciudad en los últimos años". Avanza además Jesús Vázquez, que a la espera de lo que dictamine la justicia, la situación exige convocar una reunión con todos los grupos políticos "para ver las alternativas, porque está claro que ninguno de los presentes en esta corporación tenemos la culpa, de esta situación, y hay que darle respuesta positiva a la ciudad, que haya seguridad jurídica para los inversores" insistió el regidor.
El edil de Urbanismo indicó además que es necesario que, según la decisión que adopte el tribunal con el urbanismo de Ourense, ponerse en contacto y consensuar las medidas a tomar con la Consellería de Medio Ambiente, que fue la que colaboró con el concello en la redacción de estas normas provisionales y emitió el decreto que supuso la entra da en vigor del mismo
Este decreto ampara desde el 3 de octubre de 2011 los cambios de suelo en 30 ámbitos de actuación, 15 de interés público y 15 del ámbito privado. Con estas normas pretendían Xunta y Concello que el limbo legal en el que quedaba la ciudad al anularse el PXOM, no supusiera la parálisis total del urbanismo y se pudiera construir en esas zonas en tanto no llegase la aprobarse un nuevo plan de urbanismo.
El equipo anterior consiguió sacar adelante la aprobación inicial de un PXOM contra el que se presentaron casi 6.000 alegaciones. La mayoría de ellas relacionadas con las cientos de viviendas que quedan fuera de ordenación, y las restricciones para construir en el perímetro rural.
Estas alegaciones están prácticamente resueltas, pero antes de llegar a hacerlas públicas se presenta esta nueva amenaza, con la posibilidad de que esta endeble normativa provisional se venga abajo y con ella dejen de ser legales obras realizadas bajo su amparo, desde el centro de salud de O Couto a la Molinera, por ejemplo.
