José Luis Baltar calló por primera vez en su dilatada carrera repleta de titulares cuando el 6 de febrero se enfrentó al trance de declarar como imputado por sus presuntos contratos a dedo. El expresidente guardó silencio a la prensa y descargó las culpas, ante el juez, sobre funcionarios que, como el interventor o el secretario, formaban su círculo de confianza. En solo un año, el último barón del PP dio un giro radical. Pasó de un homenaje multitudinario con 3.500 comensales tras dejar el sillón a su hijo -"vosotros sois mis trabajadores, no los de la Diputación", dijo entonces-, al ostracismo, arredrado por su causa pendiente con la ley.

"Ya dije desde el primer día que no opinaba, que no tenía nada de qué hablar, que más voy a hablar", insistió el expresidente a FARO, ayer, después de que la Fiscalía registrara el escrito de acusación que lo señala por enchufar presuntamente a 104 personas entre enero y marzo de 2010, antes y después del congreso del PP que selló el traspaso de las riendas del partido en Ourense a su hijo. Según el juez instructor, todos estaban vinculados "directa o indirectamente" al Partido Popular.

El fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, que desencadenó el proceso con una querella el pasado 28 de diciembre, pedirá en el juicio, pendiente de los últimos trámites previos y del señalamiento de fecha, la pena máxima para el exbarón: 10 años sin responsabilidad pública para un político sin cargo alguno, inmerso en su jubilación.

José Luis Baltar no quiso entra en el fondo de los cargos de prevaricación continuada que le imputa la Fiscalía, que lo acusa de redactar ocho decretos "de su puño y letra" utilizando como único criterio "un mero acto arbitrario de designación". "Quería de manera directa que fuesen esa personas, y no otras, las que ocuparan los puestos".

"Estoy totalmente tranquilo"

"El fiscal puede pedir lo que le dé la gana, tiene que haber un juicio y punto", resolvió el eterno expresidente. Baltar puso punto y final a la conversación asegurando sentirse "totalmente tranquilo".

Leonardo Álvarez, el magistrado que asumió la querella del fiscal y cerró la instrucción en el juzgado Número Uno de Ourense, activará el paso definitivo de la causa contra Baltar: el de tener que sentarse en el banquillo. El juez dictará un auto de apertura de juicio oral al que a continuación le seguirá el escrito de argumentos en contra de la defensa.

La defensa intentaron evitar el trance de un juicio para un expolítico que se auto denominaba "cacique bueno". Sus sucesivos recursos para refutar la querella del fiscal, intentar dejar fuera del proceso a las acusaciones populares -PSOE y Manos Limpias- o rebajar los supuestos 104 enchufes a una cuestión administrativa, fueron rechazados por el juez, primero, y en instancia definitiva por la Audiencia. El letrado defiende que Baltar no fue advertido de ilegalidad alguna por los principales funcionarios de la casa y que las hipotéticas irregularidades no tienen consecuencia penal. El fiscal, por contra, considera que "conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación" y omitió informes de control así como publicitar los empleos "para designar a las personas contratadas por su única decisión".