Contratación a dedo de 104 personas, sin informes y en ocho decretos firmados de "su puño y letra". Es uno de los pilares que sustentan la acusación del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado, contra el expresidente de la Diputación de Ourense durante dos décadas. José Luis Baltar cometió según el fiscal un delito de prevaricación continuada, tal y como refleja la querella a la que tuvo acceso FARO.

Recalca en la querella que se trata de contratos temporales, y las personas "fueron elegidas por el propio presidente de la Diputación sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública", además de asegurar que "el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación de los contratos por el propio, José Luis Baltar".

Las mencionadas contrataciones, documentadas en los decretos firmados por el expresidente del organismo provincial, se realizaron "con ausencia de procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico, prescindiendo en cualquier caso, de todo principio constitucional que inspira dicha contratación pública sustentado en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en concreto, con desprecio absoluto por la Ley 7/1995 de 2 de abril reguladora del régimen de las Bases del Régimen Local", remacha el fiscal.

Para sostener en el escrito de la querella contra Baltar Pumar que "igualmente dichas contrataciones vulneraban además frontalmente la ley de Presupuestos del Estado 26/2009, en concreto, su artículo 93 que prohíbe la contratación de personal temporal o funcionarios interinos para todas las Administraciones Públicas salvo casos excepcionales para casos urgentes e inaplazables", y añadir que "sin que en ninguna de las contrataciones citadas apareciese ni constatada, ni tan siquiera expresada la excepcionalidad para la necesidad urgente".

Contratación temporal

Para apuntalar su acusación, el ministerio público asegura que los decretos de contratación "se realizaron con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública, en los que la publicidad es sin duda piedra angular". De esa forma, tanto los puestos de trabajo que habían de ser cubiertos como las personas destinadas para cubrirlos "con la apariencia de contratación temporal, fueron decisiones del querellado -José Luis Baltar- que conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y que quería de manera directa que fuesen esas personas, y no otras, las que ocuparan los puestos", por lo que "hizo pasar por inaplazables y necesarias las contrataciones bajo su propia consideración" y que se constatan en los decretos.

Además de sostener el fiscal jefe en el escrito de querella que "en ninguno de los casos de las 104 contrataciones existió previa convocatoria u oferta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o en el tablón de edictos, o de cualquier otro modo o manera que evidenciara la publicidad de las ofertas de contratación", con lo que sostiene que se trata de una "omisión consciente" que realizó Baltar con el único objetivo de "designar a las personas contratadas por su única decisión sin sujeción a a las elementales normas que rigen la contratación".

También deja constancia que sobre estas contrataciones y sobre sus "adecuaciones a la legalidad", José Luis Baltar "nunca solicitó informe alguno, ni tan siquiera de manera verbal, existiendo únicamente sobre el particular dos informes, uno de la Intervención y otro de la Secretaria de la Diputación, posteriores a los propios decretos que firmó para las contratación de esas personas".

Otra de las cuestiones a las que alude el fiscal jefe es que la situación de "ilícita contratación" y su duración "se viniese desarrollando sin control o inspección, contribuyendo la omisión y silencio de la comisión de control y seguimiento de la selección de personal temporal que creo la propia Ordenanza provincial", y de la que formaban parte dos diputados provinciales, un representante de la Junta de personal, un representante del Comité de empresa y 4 representantes de los sindicatos mayoritarios en el organismo provincial.

Los hechos que conforman el texto de la querella, están directamente vinculados con el congreso provincial que celebró el Partido Popular de Ourense y que llevó a su hijo, Manuel Baltar, a sucederle en el cargo, toda vez que los decretos firmados por José Luis Baltar se realizaron del 15 de enero al 17 de marzo de 2010, antes y después del cónclave popular.