Casi todos los niños de dos años tropiezan y caen. En ocasiones sufren heridas leves y rara vez graves. Pero cuando el golpe requiere una intervención quirúrgica de urgencia y anestesia general la situación pasa a ser realmente preocupante. Salvada la emergencia y recuperada la serenidad la mente vuelve atrás para iniciar una reconstrucción de los hechos. Qué pasó y por qué.

En el caso de Mónica Meréns, de 30 años, la escena se sitúa en la Escola Infantil Rillotes, en O Vinteún, donde su niño de dos años sufrió un accidente cuando jugaba con un correpasillos. La caída tuvo que ser "brutal", dice la madre, pues el golpe le rompió los dos incisivos superiores y requirió cirugía maxilofacial de carácter urgente con la duda de "si los dientes definitivos saldrán bien".

Ocurrió en 2007 y el asunto ya empezó mal, pues el CHOU no se hizo cargo de la intervención ni derivó el caso a otro hospital: "Me dieron al niño y me dijeron que en Ourense no había cirugía maxilofacial, así que me lo llevé corriendo a El Carmen, ¿qué iba a hacer? no paraba de sangrar por la boca". Una vez allí, y según Mónica, el centro médico se puso en contacto con Rillotes para confirmar que el seguro se haría cargo del coste de la operación. La factura arrojó algo más de 3.900 euros.

Pasado el mal trago el niño siguió acudiendo a la escuela infantil con normalidad hasta que El Carmen advirtió a la madre de que Rillotes se negaba a afrontar los gastos. En ese momento empezó la carrera de resistencia que Mónica Meréns se niega a abandonar.

Denunció a la guardería y a la compañía de seguros por no hacerse cargo de la factura del menor. Y al contrario de lo que le ocurrió a otra familia con un caso idéntico en Cantabria en el que la justicia dio la razón a los padres, en el Juzgado número 3 de Ourense se consideró que el golpe se debió a una "torpeza" del niño y se rechazó la demanda. Los padres del pequeño apelaron a la Audiencia y allí recibieron un nuevo golpe: una sentencia firme que confirma la anterior y que además impone las costas procesales a la madre.

Indignada por la resolución definitiva, Mónica Meréns tomó aire para sumergirse en un océano judicial y abrió una investigación paralela en la que actúa de juez y policía. En una libreta nueva apunta todo, con quién habla y cuándo, cada cosa que descubre y cada paso que da. "No voy a parar", dice, "como haría cualquier madre que esté pasando por lo mismo".

Lo último ha sido presentar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un escrito de queja contra la titular del Juzgado número 3 de Ourense, María José González Movilla, "por su actuación en la tramitación del expediente". Meréns dice al TSXG que la "actuación injustificada" de la juez al negarle de "forma arbitraria e inexplicable la práctica de las pruebas" solicitadas por su abogado ha provocado el rechazo de su demanda y pide que se incoe el oportuno expediente y se depuren las correspondientes responsabilidades. Entre las pruebas que no fueron admitidas está el listado de empleados de la guardería, así como los que trabajaban ese día para que testificasen sobre lo sucedido.