El fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra al recurso de los okupas ha sido bien recibido por el gobierno cangués, que lamenta que la solución a este asunto se esté demorando más de lo deseable, aunque confía en que no haya más trabas, recuperar las instalaciones y darle el uso social que tienen destinadas, apunta la concejala del área, Victoria Portas.

Para el alcalde, Xosé Manuel Pazos, la okupación ilegal y la espera de una solución en vía judicial ha impedido, primero, que se terminara una obra de reforma y ampliación y la consiguiente subvención concedida por la Diputación y, en consecuencia, su uso por personas que necesitan ese servicio de forma urgente por carecer de otros medios de acceso a vivienda.

Pazos reitera que se trata de un bien público, no de un inmueble propiedad de "fondos buitre" o de entidades que podrían especular con él, y que esta distinción hay que hacerla respecto a otro tipo de desahucios. Repite que la tardanza en resolver este asunto es grave y que lesionó los intereses colectivos que atiende el Concello. Anuncia que pondrá sobre la mesa estas circunstancias para recuperar las ayudas públicas que se perdieron por culpa de la okupación.