Los grupos que sostienen al gobierno bipartito de Moaña (BNG y PSOE), así como XM, votaron a favor de rechazar la medida impuesta por el gobierno central que obligaba al Concello a unificar los dos créditos solicitados con el Plan de Ajuste de pago a proveedores del año 2012. Ante la disyuntiva de desobedecer al gobierno central o a los informes de sus técnicos habilitados, optaron por defender la autonomía local y votar en contra de una medida que supondría un quebranto económico para las arcas municipales, al implicar un desembolso en intereses de 43.805 euros más de los previstos en ambos préstamos. El PP, por su parte, se negó a entrar en votación alegando que no pudieron asesorarse correctamente al enterarse de la situación este martes. Sin embargo, el secretario les advirtió de que, al estar presentes en la sesión, su voto constaría como abstención.
La más contundente en sus explicaciones fue la portavoz del PSOE, Marta Freire, quien defendió rechazar la medida impuesta por el Gobierno central por tratarse de una operación gravosa para el Concello "y por lo tanto para los vecinos de Moaña". Consideró que "sería de cobardes" votar a favor con los informes de los que disponen todos los grupos y reconoció que tendrán que "asumir las consecuencias que tenga nuestra postura". Desde la oposición Javier Carro, de XM, defendió su voto a favor en que "juré defender a los vecinos cuando asumí el acta de edil y tengo que votar en conciencia pase lo que pase".
El concejal de Facenda, Aldán Santamarina (BNG), aludió al informe de Secretaría para alegar que el ejecutivo central "no aprobó la medida a través de una normativa que debamos obedecer obligatoriamente, porque no lo hizo a través de un Real Decreto ni la publicó en el BOE". Y es que fue una decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Por el PP intervino Sonia Riveiro, quien criticó, como habían hecho el día anterior, que "no se nos informase hasta este martes de una situación que se conocía desde el 8 de octubre". Aseguró que los ediles del PP están de acuerdo con las conclusiones de los técnicos municipales, pero trataron de informarse sobre las consecuencias de su voto "a través de nuestros representantes en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), pero el escaso margen de tiempo hizo imposible ese asesoramiento". Riveiro asegura que llamaron también a la Delegación de Hacienda "pero no hay nadie ni se le espera". De ahí que tratasen de no entrar en votación, aunque finalmente su participación constó como una abstención.
Antes de que se votase la alcaldesa, Leticia Santos, aseguró que no tuvieron intención de ocultar lo que ocurría a la oposición. "Tratamos de resolverlo liquidando uno de los dos créditos, pero el ICO negó esa opción. Llamamos a todos los grupos en cuanto vimos que el ministerio no atendía a razones, para que estuviesen informados todos los ediles de un asunto que les podría perjudicar", sentenció.
