13 de octubre de 2019
13.10.2019

El PP acusa al gobierno de estafa política y de aplicar "tarifas ilegales" para el agua

- Sotelo dice que desde 2015 se cobran entre 6 y 7 euros por la tasa fija de saneamiento - Reprocha la actitud del ejecutivo, que "carga con sentencias millonarias" al Concello

13.10.2019 | 03:50
Una reunión entre la concesionaria y representantes municipales. // Gonzalo Núñez

El grupo municipal del PP de Cangas, a través del exalcalde José Enrique Sotelo, respondió ayer a las críticas lanzadas desde el gobierno local a raíz del dictamen del Consello Consultivo de Galicia y acusa al alcalde, Xosé Manuel Pazos, y al edil de Facenda, Mariano Abalo, de ser "los culpables de la mayor estafa política de la historia" del Concello de Cangas. El exregidor va más allá e insiste en que desde el consistorio se están aplicando "tarifas ilegales" en el servicio del ciclo del agua, que han ocasionado ya sentencias en contra de los intereses municipales.

Sotelo afirma que, con independencia de que la tasa fija por el saneamiento sea de 3 o de 5 euros metro/cúbico, la realidad es que desde 2015 se cobran "6 euros por el fijo domiciliario y 7 euros por el no domiciliario", lo que considera como "una estafa y un engaño a los ciudadanos". Desde el PP ponen el foco en la actual ordenanza municipal y en cómo se elaboró a través de "una empresa amiga, contratada sin ningún tipo de procedimiento administrativo".

El principal grupo de la oposición se muestra crítico con la gestión de los últimos cuatro años con respecto al conflicto del agua y basa sus acusaciones de "estafa política" en las promesas realizadas en su día para rescindir el contrato y municipalizar el servicio. "¿Dónde están los expedientes de rescisión del contrato que periódicamente anuncia? Caducan. ¿Dónde está la municipalización que prometieron en 2015?", se pregunta José Enrique Sotelo. El exalcalde también se refiere a las inversiones que tenía comprometidas la empresa, que debían ascender a 3,5 millones de euros. "¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está el dinero? Volaron", añade.

Con estos argumentos desde el PP rechazan las acusaciones de "connivencia" con la concesionaria y sostienen que esa actitud es la que se le puede atribuir al actual ejecutivo municipal encabezado por ACE. "Lo único que están ocasionando son sentencias millonarias y con su actitud están permitiendo que la concesionaria incumpla con su obligación de invertir más de 3,5 millones de euros", argumenta José Enrique Sotelo.

El dictamen del Consello Consultivo de Galicia obliga a revisar el contrato firmado en 2014 entre el Concello de Cangas y la concesionaria del servicio tras constatar que la tasa fija que se aplica por el saneamiento es de 5,1 euros, que es superior a los 3,5 euros que aparecían recogidos en los pliegos de contratación.

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