Samuel Jïmenez, a petición de la Fiscalía, y Miguel Ángel Villaverde, a petición propia, ambos del clan gitano de los "Morones", declararon ayer ante el juez que lleva la causa "Operación Vida", el titular del Juzgado de Primera Instancia, David Pérez Laya. Los dos respondieron solo a preguntas de sus abogados. Estuvieron presentes en la declaración los letrados del clan de los Morones: Eva Fernández, que lleva la defensa de Sinaí Giménez, Mario Manuel Sánchez-Trigo, que defiende a Miguel Ángel Valverde (conocido como el secretario de Sinaí Giménez) y Cándido Pumpido Varela, que defiende a Marino Giménez (hermano de Sinaí y también imputado en la Operación Vida"). Además estuvo presente el abogado de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias.
El letrado cangués manifestó al término de la declaración que Miguel Ángel Valverde creó, en su declaración, un paisaje muy alejado de la realidad, "que no es otra que la de intentar maquillar las actividades de apareciencia delictiva del clan de los Morones que está siendo investigado en esta causa. Su finalidad principal es convencer a todos de que los gitanos gallegos, con su rey al frente, Sinaí Giménez, están siendo oprimidos por los "Zamoranos".
Respecto a la declaración de Samuel Giménez, Alfredo Iglesias señala que dudaba en sus respuesta, a pesar de que las traía ensayadas, pero que no fue capaz de explicar con claridad la necesidad de tantas cooperativas y de esas otras empresa de compraventa de segunda mano y de compra de metales preciosos. "Como tema recurrente, siempre manifestó que las cooperativas eran para ayudar a los feriantes a mantener sus puestos de trabajo", cuando, en opinión del letrado cangués, constituían una forma de acaparar espacios en las ferias.
Samul Giménez declaró que la empresa Cash Money no era de Sinaí ni la financiaba, que tampoco era el presidente, que nadie les obligaba a ser socios. Sinaí no presionaba a nadie para entrar en esas cooperativas; también comentó que es socio único y administrador de Cash Money S.L., pero todo lo llevaba la asesoría ATC, de Manuel Velloso, en Vigo (figura también como imputado en la causa "Operación Vida"). Señaló que los ayuntamientos adjujdicaban metros a las cooperativas y las tasas las recaudaba Miguel Ángel Valverde, quien después entrega el dinero a Manuel Velloso y que Miguel hacía lo que decía Velloso. Incluso manifestó ante el juez que daban el dinero de la Seguridad Social a Manuel Velloso. Declaró, además, que en 2009 los zamoranos tenían el control de los puestos, incluso comprándolos y que vendían por debajo de los precios. Parece que en esta ocasión hay interés en volver a dotar de protagonismo al gerente Manuel Velloso. Samuel Jiménez declaró ante el juez que las cooperativas estaban controladas por Manuel Velloso: altas, bajas, ingresos, tenía acceso a todos los códigos individuales.
