El Concello de Bueu retomará el expediente para conseguir la desafectación de varios tramos del frente marítimo de la localidad que están adscritos a Portos de Galicia. La comisión de trabajo formada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el ente público fijó hace unos días un documento en el que se detalla el el trámite a seguir para conseguir la reversión de terrenos que ya no sean necesarios para los usos portuarios. A la vista de este acuerdo desde el gobierno local bueués avanzan que volverán a presentar un escrito para que los paseos de Pescadoira y Banda do Río y la explanada anexa al Centro Social do Mar dejen de formar parte del dominio portuario.

El documento de Delimitación de Usos e Espazos Portuarios (DEUP) aprobado en 2017 ya dejaba abierta esta posibilidad por clasificaba esos ámbitos como "integración porto-cidade". El proceso de reversión debe comenzar con una solicitud del Concello de Bueu en la que pida la declaración de innecesariedad de los terrenos en cuestión, una petición que debe ser evaluada por los técnicos de Portos de Galicia y que deben "analizar a utilidade destes terreos non solamente no momento presentes, se non tamén no futuro tendo en conta o crecemento do porto".

En esa evaluación será decisivo lo que establezca el DEUP. El acuerdo entre la Fegamp y Portos recoge que la declaración de innecesariedad será "admisible" si los terrenos no tienen asignados usos portuarios y cita como ejemplo precisamente las zonas declaradas como "interacción porto-cidade". Portos de Galicia apunta que los lugares "a priori susceptibles" para conseguir esa desafección son "as zonas consolidadas, como espazos axardinados, lonxe da actividade portuaria", reza el documento. Unos requisitos que en principio cumplen los ámbitos que reclama el Concello de Bueu.

No obstante, el trámite no acaba aquí. Más bien al contrario. Una vez informada debe ser tratada en el consejo rector de Portos de Galicia. El siguiente paso es elevarla a la consellería con competencias en materia de patrimonio, que después debe remitirla a la Administración General del Estado. El último paso será la aprobación por parte del Consejo de Ministros.