La UTE Gestión Cangas acaba de formalizar sus alegaciones para oponerse al nuevo intento del Concello de Cangas de buscar la resolución o anulación del contrato del ciclo del agua. La empresa, a lo largo de un escrito de 20 folios, rechaza los argumentos municipales y reclama su archivo, al tiempo que reprocha que la actuación de la administración se basa en "afirmaciones absolutamente infundadas y tergiversando la realidad", un informe de Secretaría "vacío de contenido" y en otro de Intervención "que no dice lo que se afirma se dice por el Ayuntamiento". La empresa vincula este proceso con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló las tarifas aprobadas por el Concello de Cangas en diciembre de 2016, que entraron en vigor en 2017 y que fueron recurridas inmediatamente por la UTE. Una sentencia que, según Aqualia-Civis Global, podría condenar a la administración local al pago de más de un millón de euros y entiende que este nuevo expediente es "un vano intento de retrasar" ese fallo judicial.
El principal argumento para promover la revisión de oficio del contrato se centra en las discrepancias detectadas en las referencias a la tasa unitaria de saneamiento, que en algunos documentos se cuantifica como de 3,5 euros/metro cúbico, en otros 4,5 euros/metro cúbico y en otros 5,13 euros/metro cúbico. La empresa en sus alegaciones argumenta que en su oferta tomó siempre como base la cuantía de 5,13 euros, tanto en el canon a abonar por parte del concesionario como en sus tarifas. Afirma que la fianza exigida por el Concello de Cangas a la UTE "fue determinada según la oferta y el precio del contrato indicado con una tarifa unitaria de 5,13 y no de 3,5 euros/metro cúbico".
Finalmente añade que el coste unitario ofertado durante la fase de concurso público fue de 1,980 euros/metro cúbico, un precio al que solo se puede llegar si la tarifa unitaria de saneamiento es de 5,13, según la concesionaria. "El Ayuntamiento, aprovechando inexplicables errores del estudio de viabilidad [...] debería exigir responsabilidad a quienes lo elaboraron y aprobaron. El Ayuntamiento pretende crear una causa de nulidad que le permita revisar cuatro años después de su adjudicación el contrato que no es de su gusto", abunda sobre este aspecto la compañía adjudicataria del servicio.
Al hilo del tiempo transcurrido, la empresa alega en otro punto de su escrito que ese "error", que bajo su punto de vista "no tiene trascendencia anulatoria", se habría consumado el día de la firma del contrato, hace ya más de cuatro años y por tanto habría prescrito. "Solo hay una intención del Ayuntamiento actuante de tumbar y/o modificar un contrato licitado por una corporación con planteamientos ideológicos distintos a los de la actual", reiteran de nuevo.
La UTE formada entre Aqualia y Civis Global argumenta que el expediente de revisión de oficio supone "un nuevo intento de forzar [su] renuncia o la modificación de las tarifas que deberían aplicarse" y recuerda que hasta la fecha desde la Concellería de Facenda de Cangas se incoaron dos procedimientos de resolución contractual "totalmente infundados y de forma no ajustada a Derecho, con desviación de poder y dejados caducar tras la formulación de alegaciones por la UTE".
El razonamiento presentado por parte de la concesionaria también se refiere a aspectos de carácter formal, un apartado en el que se insiste en que durante la licitación del contrato "no se ha omitido ninguno de sus trámites esenciales ni se ha cometido infracción de las normas" y que "no existen las causas de nulidad contractual pretendidas, siendo el contrato plenamente válido y vigente".
Interés público
En otro punto de sus alegaciones, la UTE Gestión Cangas asegura que la formalización de un nuevo contrato en el que se establezca una tarifa fija unitaria de 3,5 euros/metro cúbico, a su juicio, "no tiene beneficio alguno para el verdadero interés público". Un interés público que según la empresa "no debe confundirse" con una posible reducción de las tarifas. No obstante, matiza que la reducción del coste unitario de 5,13 a a 3,5 euros "afectaría a la rentabilidad del contrato y podría poner en peligro la ejecución de los volúmenes de inversión comprometidos, provocando un deterioro de la calidad del servicio y poniendo en riesgo su continuidad futura por falta de inversiones necesarias".
