El grupo municipal del Partido Popular de Cangas no se da por aludido en el conflicto judicial abierto con la UTE del ciclo del agua respecto a la reclamación de un millón de euros por aplicar en el año 2015 las tarifas de 2014, cuya vista oral tuvo lugar el miércoles en el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Pontevedra.

A través de su concejal encargado de asuntos económicos, Pío Millán, manifiesta que el proceso judicial es consecuencia directa de la falta de criterio que mantuvo el actual Concello de Cangas sobre el problema, "non se pode dicir un día que se quere negociar unha solución ao problema e ao día seguinte tomar decisións unilaterais en contra dos acordos que se chegarán entre as partes". Pío Millán insiste que en el pasado mandato el pleno acordo de forma unánime dejar en suspenso las tarifas aprobadas en el año 2014, dice que se llegó a un acuerdo para que no entraran en vigor hasta que se resolvieran las reclamaciones de los vecinos y solucionar los errores que la UTE Gestión Cangas cometiera en la lectura de contadores. Además de señalar que, a mayores, existía el compromiso de corregir los tramos intermedios de consumo para minorar la subida en dichos trabajos. Señala que ni se resolvieron las reclamaciones, ni se dieron explicaciones de los errores. "O que sí fixo o actual goberno , dous meses despois de tomar posesión, foi poñer ao cobro, de forma irregular; o padrón do segundo bimestre, que fora devolto a UTE Gestión Cangas, no mes de abril de 2015 en base ao acordo plenario da suspensión das tarifas".

A pesar de todo, al PP le parece poco comprensible que la concesionaria del agua, en el juicio, justifique que realizó inversiones comprometidas para avalar su demanda judicial. "Non é de recibo que non realizase prácticamente ningunha das actuacións que estaba obrigada, e se atreva a dicir que si as fixo. O que sí é real é que vai obrigar ao Concello a acometer ditas obras con fondos públicos".

Pío Millán manifiesta, además, que el PP lamenta que el Concello de Cangas tenga que sentarse en los tribunales por una demanda económica como la que presentó la concesionaria, demandando una indemnización de un millón de euros. "desexamos que este proceso xudicial teña as menores repercusións económicas para o Concello de Cangas. Insiste en que el comportamiento dubitativo del gobierno local fue la tónica habitual a la hora de afrontar el problema con cambios e criterio constantes. Pío Millán insiste en que el gobierno está dividido en cómo prestar este servicio.