La sentencia judicial que condena al Concello de Cangas a pagar algo más de 38.000 euros por la ocupación de terrenos particulares para ensanchar un vial público en Herbello ha abierto otro frente entre el gobierno tripartito y el PP. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, instó a su antecesor en el cargo, José Enrique Sotelo, a pagar de su bolsillo la indemnización porque los hechos se remontan a 2014, cuando gobernaba con el apoyo de Nardo Faro Lagoa, y el actual portavoz del PP le recuerda que la denuncia se presentó en octubre de 2016, ya con Pazos como regidor, y que además el Concello no contestó a los requerimientos judiciales y no supo defender los intereses municipales.

En opinión de Sotelo, lo que pretende Pazos es "desviar la atención" sobre el proceder de un "gobierno bajo sospecha", en el que se acumulan irregularidades, que esta "investigado por presunta prevaricación" y en el que hay concejales "condenados" sin que se tomen medidas ni se produzcan dimisiones. Con este bagaje, afirma el líder del PP, el actual alcalde "no está legitimado para dar lecciones éticas" a la actual oposición "ni a nadie", y tiene claro que si la situación fuera a la inversa y estuviera gobernando el PP, desde la "izquierda chavista y siniestra" ya estarían exigiendo dimisiones que ellos no practican.

Sotelo asegura que "no tenía conocimiento" ni de la denuncia ni de la sentencia sobre el Camiño da Costa, que se produjo después de que "los dueños del terreno anduvieran pululando por el Concello sin que les hicieran caso", y desglosa una retahíla de fallos judiciales contrarias heredados por el PP.