Dos asuntos han mantenido ocupado a todo el gobierno estos tres años: el conflicto del agua y la gestión del alumbrado público. Teóricamente son propuestas contradictorias. Mientras que en el conflicto del agua el ejecutivo local apuesta por municipalizar el servicio, de hecho abrió ya expediente de rescisión del contrato a la UTE Gestión Cangas que tiene la concesión, en el del alumbrado público, la apuesta es por privatizar. Pero por muchos esfuerzos realizados no logra sacar adelante ni lo uno ni lo otro. El tripartito quiere municipalizar el servicio del agua, que deje de ser un negocio para grandes empresas, pero para ello es necesario que saque adelante el expediente de rescisión del contrato, que es de 25 años, y que se fundamenta sobre todo en los incumplimientos de la UTE. Sólo si se demuestran, si son irrefutables sería menos gravoso desmarcarse del contrato y bajar el precio del agua.

En cuanto a la gestión del alumbrado público. El gobierno realizó todo el proceso de contratación y adjudicó a Ferrovial el trabajo, sin embargo, hasta cuatro empresas que se presentaron también al concurso alegaron ante el Tribunal de Contratos Administrativos dependiente del Ministerio de Hacienda, que en uno de los casos, y fue suficiente, consideró que se había hecho mal parte del proceso, por lo que anuló la adjudicación.Ahora el gobierno empieza de nuevo el proceso.