Un mes después de la detención del responsable de un concesionario de vehículos de Cangas -J.G.P.- en la denominada Operación Ñagra por defraudar, presuntamente, algo más de 640.000 euros mediante una doble financiación de vehículos que matriculaba y vendía, la juez decretó ayer las primeras medidas cautelares contra cuatro de los cinco acusados de este delito. Los hechos podrían haber afectado a unos 70 clientes, pues según ha podido saber FARO, se suman a la denuncia una media de dos afectados por semana.
Además de levantar el secreto de sumario, la juez ha decretado medidas cautelares contra cuatro de los responsables de este concesionario, acusados de delitos entre los que se encuentran estafa y falsedad documental. La primera medida acordada es el requerimiento a las entidades financieras de los clientes afectados para que suspendan la emisión de recibos con respecto a los mismos y se abstengan de realizar actuaciones ejecutivas ante sus impagos como su inclusión en registros de deudores. Esto beneficia a un total de 34 clientes que tenían contratos por la compra de vehículos en este concesionario. Además, se requiere a las entidades financieras que se abstengan de iniciar procedimientos ejecutivos frente a otros ocho compradores, por lo que quedan protegidos de estos requerimientos bancarios un total de 42 clientes del concesionario.
Para garantizar que no se siga cometiendo el presunto fraude de doble financiación, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cangas acordó la intervención judicial del concesionarios y, en consecuencia, el nombramiento de un administrador judicial con el objeto de continuar en su actividad, mantener los puestos de trabajo y garantizar el pago a los acreedores.
Para hacer efectiva la intervención judicial se procede a la previa investigación patrimonial y al bloqueo de las cuentas corrientes de la mercantil. El auto especifica que solo se permitirá atender a los suministros necesarios para la empresa, "sin que se pueda disponer de los fondos a otro título y sin que conste justificación documental del destino de la disposición". En cualquier caso, no se podrá disponer de dinero en efectivo que no sea el de la actividad ordinaria de la empresa, en tanto no se haga oficial el nombramiento de un administrador judicial.
La tercera pata del auto de medidas cautelares busca garantizar el pago de las posibles indemnizaciones que se deriven del proceso judicial. Por lo tanto, implica la investigación patrimonial de J.G.P. y de otras tres personas, consideradas como responsables de la gestión de la empresa.
A tres de esas personas, además, se les bloquearán las cuentas bancarias particulares, notificándoles dichas medidas tanto a su entidad bancaria como a cada una de las oficinas. El bloqueo no afectará al pago de los suministros esenciales para el funcionamiento del concesionario, pero los demás gastos deberán ser justificados por los investigados ante el propio juzgado.
A mayores, se acuerda la anotación preventiva de demanda sobre una vivienda situada en Cangas y que sería propiedad de los responsables de la empresa.
La quinta acusada se libró de estas medidas cautelares. Todo apunta a que se encontraba entre los investigados al negarse a participar en la denuncia en un primer momento por una relación de parentesco con los acusados. Podría quedar fuera de la acusación en los próximos meses. Los cuatro afectados por estas contundentes medidas cautelares pueden interponer un recurso de reforma y un recurso subsidiario de apelación en un periodo de tres días tras su notificación de la decisión de la juez.
Detención
La detención del empresario se habría producido hace un mes, quedando en libertad a la espera de juicio. La Policía Judicial le acusó de estafa, falsedad documental, revelación de secretos y alzamiento de bienes.
Junto al detenido, en su momento los agentes de la Guardia Civil también tomaron declaración, en calidad de investigados, a la actual responsable del concesionario, a un comercial y a la acusada, vecina de Cangas, que se libró ahora de las medidas cautelares.
Según la Policía Judicial, los supuestos autores del delito presuntamente falsificaban la documentación aportada por los clientes para obtener financiaciones fraudulentas, fingiendo la compra de otros vehículos y cometiendo así presuntos delitos continuados de estafa y falsedad documental. La investigación habría concluido que el administrador copiaba la documentación de los compradores de coches para después utilizarla en otras operaciones de financiación sobre el mismo vehículo en entidades financieras diferentes.
La otra modalidad de estafa por la que se les acusa sería la de utilizar los datos personales del comprador para solicitar la financiación de un automóvil distinto. Resultarían afectados los compradores, en su mayor parte vecinos de O Morrazo, y los titulares de los vehículos para los que se pedía la financiación, que son residentes de distintas provincias españolas.
