21 de octubre de 2017
21.10.2017

El Santander pide tiempo a los afectados en Bueu por la subasta de Promalar para buscar una solución

"La paciencia se acabará", dicen los vecinos

21.10.2017 | 03:49
La última asamblea vecinal celebrada este verano en la Casa do Pobo de Beluso. // Gonzalo Núñez

Un tiempo prudencial. Esto es lo que ha pedido el Banco Santander, que en junio compró por un euro el Banco Popular, a los vecinos de Bueu afectados por la subasta de presuntos bienes de Promalar. La entidad bancaria se puso en contacto con los representantes legales de los afectados, a los que transmitió su intención de buscar una solución satisfactoria para ambas partes. Esa reacción se produce después de la asamblea celebrada en verano por los vecinos, en la que amenazaban con emprender acciones de protesta después de que el Banco Popular diese marcha atrás al compromiso que había alcanzado con los afectados y ante la incertidumbre que se abría después de su venta al Santander.

Poco después de aquella asamblea representantes de la entidad bancaria mantuvieron una reunión en A Coruña con los abogados de los afectados y mostraron su disposición a articular una solución. "Nos pidieron un tiempo breve para poder cerrar un acuerdo", explican portavoces de los vecinos. Después de este movimiento dle banco los afectados están a la espera de que se concrete esa oferta, que tiene que incluir el reconocimiento de que la propiedad de las parcelas es de los propios vecinos. "Por ahora la gente tiene paciencia, pero llegará un momento en el que la perderá y estamos dispuestos a emprender otro tipo de acciones, aunque no nos gustaría llegar hasta ese extremo", subrayan las mismas fuentes.

El origen del conflicto se sitúa en la subasta realizada en el Juzgado Mercantil de Vigo, en mayo de 2015, dentro del proceso de liquidación de Promalar. En ese procedimiento se incluía una superficie denomninada "Reventóns A", que según la Comunidade de Montes de Beluso y los vecinos no era una finca, sino un conjunto superior al centenar de parcelas de carácter privado. El juzgado continuó adelante con la subasta pese a que alguno de los afectados se presentaron en sede judicial con escrituras antiguas para demostrar que eran los propietarios.

Después de la subasta en la que el Banco Popular se quedó con los terrenos se inició un proceso de negociación entre ambas partes y los afectados cuentan con un escrito de la división inmobiliaria del Popular, Aliseda, en la que reconoce de manera explícita que las propiedades que supuestamente compró no se corresponden con las fincas de los vecinos. No obstante, cuando se produjeron los primeros actos de conciliación en el juzgado para oficializar ese reconocimiento el banco dio marcha atrás en sus compromisos previos.

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