Poco productiva resultó, ayer, en el Juzgado de Cangas la jornada de declaraciones de personas investigadas por sus supuestos vínculos societarios con el clan de los Morones. Los cuatro citados, Rebeca Jiménez Jiménez, Enrique Josué Jiménez Jiménez, Enrique Barrull Barrull y Begoña Ruth Jiménez Jiménez, todos ellos residentes en Valladolid y que comparecían desde allí por videoconferencia, se acogieron a su derecho a no declarar en su condición de socios de la cooperativa Nueva Chandivi. Lo hicieron a instancias de la abogada del turno de oficio que los asiste, Cayetana Carbonero Recio, quien señaló que a pesar de haber recibido la documentación pertinente, no tuvo tiempo para revisarla a fondo, dadas las "especiales condiciones" del mes de agosto, habitualmente con escasa actividad en los Juzgados por ser período vacacional.
No hubo alusiones por su parte a la supuesta "indefensión" que padecen los investigados, como invoca el letrado Cándido Conde-Pumpido, defensor de dos miembros de la familia Giménez Jiménez, para reclamar la suspensión del procedimiento y que el magistrado Adriano J.Alfonso rechaza. De este modo, el turno de declaraciones debe cerrarse hoy con las últimas cuatro personas citadas. Se trata de Aitor Miranda Balsera, que figura como titular en Tráfico de uno de los vehículos intervenidos a Saúl Giménez Jiménez; Gerardo Giménez Giménez, socio de la cooperativa Rías Lachan; Luis Jiménez Borja y José Ramón Fernández Salazar, socios de las cooperativas Veamgi y Landgrave y este último también representante de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Galicia.
