El Concello de Moaña ha instado a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra a dar con los culpables del incendio que calcinó el astillero de Casqueiro el pasado 10 de junio. La alcaldesa, Leticia Santos, ha remitido un escrito a la titular del órgano estatal en la provincia, Ana María Ortiz, en el que le expone la importancia de que las investigaciones en curso finalicen con la detención de los responsables para que paguen por ello ante la justicia. Pero también inquiere sobre el estado de las investigaciones para conocer de primera mano en qué punto están las mismas.
La carta fue remitida esta misma semana a la Subdelegación del Gobierno y con ella el concello moañés quiere dejar clara su intención de que el delito no quede impune y en el olvido con el paso del tiempo. Santos apunta que los hechos buscaban "xerar a fractura da convivencia pacífica do pobo de Moaña" y que consiguió "enrarecer o día a día das xentes de ben que compoñen a nosa veciñanza". Además, añade que supuso sobrepasar uno de los límites básicos de la vida en sociedad, como es el "respecto polos bens de todos e, en especial, dos que conforman o noso patrimonio cultural". Por todo ello considera de vital importancia que las investigaciones "conseguiran dar co ou cos culpables e puideran así enfrontarse ante a xustiza para render as contas ás que houbese lugar".
La regidora de Moaña reclama de forma encarecida toda la información de que disponga la subdelegada del Gobierno, y que transmita en qué punto está el proceso investigador, así como cuestiones de si se ha realizado algún interrogatorio a personas que puedan aportar datos relevantes o cuestiones de peso "que poidamos coñecer".
El incendio en la carpintería de ribeira de Casqueiro se produjo en la madrugada del 10 de junio y, tal y como se pudo comprobar poco después, fue provocado, al hallarse incluso un acelerante para el fuego. Los daños destrozaron por completo el inmueble, si bien se pudo evitar que las llamas afectasen al astillero próximo de Carlagho. De inmediato se celebraron concentraciones de repulsa por la eliminación de lo que consideran un elemento de carácter cultural y patrimonial. Desde la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural se apuntó en su momento que la sanción que podría afrontar el culpable alcanza el millón de euros.
