El emblemático bar de la planta baja de la Casa do Mar de Bueu echó ayer el cierre. Sin sorpresas. Cuando los técnicos de la Consellería de Política Social llegaron poco antes de las tres de la tarde sus responsables ya habían prácticamente vaciado su interior con la ayuda de los clientes. La gran sorpresa vino a continuación. A pesar de lo que les habían transmitido de manera verbal en ocasiones anteriores, desde Política Social comunicaron a la directiva de la Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra (Apropark) y a los técnicos en transporte de la base del 061 que deberían abandonar también la planta baja de la antigua Casa do Mar. Eso sí, no han impuesto una fecha o plazo y en el caso de Apropark mostraron su voluntad de ayudarles a buscar un nuevo emplazamiento. Todo un jarro de agua fría inesperado para Apropark, que atiende a unos 150 afectados de párkinson y a sus familias.
El telón de fondo de todo este asunto está en el proceso de retrocesión o de devolución del edificio al Instituto Social de la Marina (ISM), que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta devolución fue instada por acuerdo del Consello de la Xunta en 2012, aunque de momento no se ha llegado a firmar el acta de entrega a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la planta baja se halla en una especie de limbo legal. Para complicar aún más la situación hace menos de un mes Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo dictó una sentencia favorable a la TGSS en un pleito iniciado contra la Consellería de Política Social por la Casa do Mar de Bueu.
Las dos administraciones realizan hasta la fecha un uso compartido de este edificio, que incluye también las dependencias de la Capitanía Marítima. La Seguridad Social demandó a la Xunta de Galicia porque se negaba a abonar la parte que le correspondía en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El porcentaje de participación de la Consellería de Política Social en el inmueble es del 22,39%, lo que implicaba abonar 556,99 euros sobre un importe total de 2.487 euros. En el año 2015 la Subdirección Xeral de Patrimonio, que depende de la Consellería de Facenda, comunicó a la TGSS la devolución de su parte del recibo. Argumentaba que el 10 de mayo de 2012 el Consello de la Xunta autorizó la devolución del edificio y que si no se había firmado el acta de entrega no era responsabilidad de la administración autonómica.
Ese argumento acaba de ser rebatido de plano por el juzgado, que argumenta en la sentencia que se comprobó que "los locales que la Comunidad Autónoma desea retroceder seguían siendo utilizados para los mismos fines que originaron su traspaso". O sea, que era del todo imposible que la Seguridad Social pudiese firmar el acta de recepción. "Si se hubiera acreditado que las instalaciones de la planta baja de la Casa do Mar se encuentran vacías, sin ocupación de ningún tipo, ni por el 061 [en realidad por la concesionaria del servicio en Bueu], ni por una cafetería ni por la Asociación Parkinson, la demora en la firma del acta de recepción no podría justificar la exigibilidad del importe a la Xunta de Galicia, ya que los espacios se encontrarían expeditos a la libre disposición del ISM", señala la sentencia del Contencioso-Administrativo de Vigo, que rechaza los argumentos esgrimidos por la Xunta de Galicia.
Ante esta situación los afectados, además de los concesionarios del bar que cerró ayer, son los trabajadores de la base del 061 y los usuarios de la Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra. Esta asociación ofrece tratamiento de fisoterapia, logopedía y psicológico a unos 150 afectados por esta enfermedad, vecinos de Bueu, Cangas, Moaña, Marín e incluso de Pontevedra.
Las únicas dependencias que no se encuentran afectadas son las de la Policía Local de Bueu, que se hallan en la planta superior. El acuerdo de retrocesión aprobado en su día por el Consello de la Xunta se refería únicamente a la planta baja, de 228,25 metros cuadrados.
