Los presuntos delitos de extorsión, amenazas y organización criminal que se investigan en el marco de la Operación Vida se entremezclan con otros de naturaleza económica, como el presunto blanqueo de capitales o delitos contra la Seguridad Social. El peritaje tributario designado en la investigación analiza más de una decena de empresas en las que participaron presuntamente en distinto grado los 13 querellados por la Fiscalía, tanto Los Morones como sus personas de confianza.
La mayor parte de éstas se constituyeron bajo la figura de Sociedades Cooperativas Galegas pero otras eran sociedades limitadas. Fueron creadas y liquidadas en los últimos años. Nunca habrían estado en funcionamiento más de 3 o 4 a la vez, según explican fuentes relacionadas con la causa.
Tampoco todos los investigados formaron parte de las estructuras de todas las sociedades, sino que los cargos variaban en cada caso. El servicio de prevención de blanqueo ha comenzado, presumiblemente, sus averiguaciones confidenciales y la pericial se encuentra en la fase de recopilado de datos. Está volcando toda la documentación de las distintas empresas que posee la asesoría de Vigo con la que trabajan Los Morones.
Después analizará toda la información recopilada, con especial atención en los movimientos de dinero entre ellas o con los pagos realizados a través de esas sociedades. Algunas de las empresas todavía están vigentes y otras nunca han llegado a tener actividad.
La propia querella de la Fiscalía apunta ya a estos posibles ilícitos de naturaleza fiscal.
La acusación pública se dirige contra trece personas y habla de una "organización criminal" con cobros irregulares a los integrantes de las cooperativas que trabajaban en los mercadillos ambulantes de Cangas, Moaña, Sabarís (Baiona), Vigo, Pontevedra, Porriño, Tui, Barro y Ponteareas. Los pagos de los que hablan los testigos serían de 150 euros al mes por vendedor para gestiones ante la Seguridad Social o ante concellos, además de otras cantidades por el montaje de los puestos. Según los testigos que prestaron declaración, a los vendedores que no se avenían a pagar se les impediría instalar sus puestos.
La querella señala que los patriarcas -Olegario Giménez y su mujer, Flora Jiménez- así como sus hijos Sinaí, Saúl, Marino y Juan Paulo no tendrían propiedades inmobiliarias a su nombre, aunque se les relaciona con varias. También se les considera propietarios de numerosos vehículos.
Reparto de funciones
Según la acusación pública Olegario Giménez y su hijo Sinaí serían el eslabón más alto de la presunta organización, seguidos de los hermanos Saúl, Juan Paulo y Marino. La organización estaría jerarquizada y con un reparto claro de sus funciones, como el cobro de tasas a vendedores. Consuelo Giménez, un nieto del patriarca conocido como Samuel "Kike", Amelia C., Estela F.A., Miguel Ángel Valverde, Nutica F. y Rafael F.G. contra las que dirigió su querella la Fiscalía.
El patriarca se encuentra en arresto domiciliario y sus hijos varones cumplen prisión preventiva en diferentes prisiones de Galicia y Asturias desde el mes de abril.
