El gobierno municipal rechaza la posibilidad que le ofrece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de subir los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017. Para el municipio de Cangas, la Dirección General del Catastro va a proponer incorporar al proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 un coeficiente del 1.08 Según el propio Ministerio de Hacienda, esta medida iba a permitir acercar los valores catastrales al 50% del valor del mercado. Advierte el Ministerio de Hacienda al Concello de Cangas y también al resto de los municipios, que si quieren aplicar el citado coeficiente, además de cumplir con el resto de requisitos establecidos legalmente, debe comunicar su solicitud antes del día 31 de mayo de 2016.
El regidor local Xosé Manuel Pazos (ACE) aseguró ayer que el gobierno municipal no se iba a acoger a ningún subterfugio ni realizar ningún tipo de ingeniería financiera como realizó en anterior gobierno para ocultar una subida de coeficiente. El anterior gobierno municipal presidido por José Enrique Sotelo (PP) sí que dio el visto bueno a la propuesta de Hacienda y el valor catastral del IBI sufrió una subida de un 12% que también se pretendía aplicar a 2015. Fue toda una sorpresa para los vecinos de Cangas el incremento del 12% en 2014, pero lo fue todavía más averiguar que estaba lo mismo para 2015. Las quejas vecinales y la medidas emprendidas por la oposición hicieron que el gobierno local moviera pieza y acudiera a la Dirección Provincial del Catastro en Pontevedra para tratar de alcanzar un acuerdo que permitiera mantener la presión fiscal de los cangueses. Ya no era posible bajar el coeficiente aprobado por el Ministerio de Hacienda, pero sí que se pudo negociar el tipo impositivo. Pasó del 6% al 5,5%. Los contribuyentes cangueses pagan en esas condiciones el recibo del IBI de este año y no variará tampoco para 2017, es un compromiso de todo el gobierno tripartito.
Otra cosa distinta es la regularización que el Catastro realizó por su cuenta en Cangas y otros concello de Galicia. El objetivo era hacer aflorar inmuebles urbanos y rústicos no inscritos. Era un plan de lucha contra el fraude fiscal inmobiliario. En Cangas se hizo aflorar una bolsa de fraude de 2.750 expedientes. Los datos se dieron a conocer en agosto del pasado año y aún ahora los cangueses presentaron numerosas quejas, relacionadas en su mayoría porque se clasifican como viviendas edificaciones que los propietarios consideran como galpones o naves. Ayer, el alcalde de Cangas afirma que la oficina del ORAL atiende los recursos presentados por los particulares sobre este asunto.
A pesar de todas las protestas por la excesiva carga tributaria que pesa sobre los cangueses, un informe realizado sobre la fiscalidad local en Galicia, elaborado por la Red Localis, un equipo de investigación formado por profesores de tres universidades y profesionales del ámbito municipal, concluye que llama especialmente la intención ayuntamientos de entre 20.00 y 50.000 habitantes, entre los que se incluye Cangas, además de A Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, Redondela, Vilagarcía, Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira, que presentan estructuras de gastos muy similares a de las ciudades y, sin embargo, su presión fiscal es equiparable a la de municipios pequeños. Se trata de una pauta que, a largo plazo, según los expertos no es sostenible y optan por o reducir los servicios o incrementar la presión fiscal.
No opinan de la misma forma los cangueses, quejosos con los aumentos del IBI y de los recibos del agua y con una Mancomunidade de Municipios que mantiene una elevada deuda con Sogama.
