La junta de gobierno de Cangas acordó ayer llevar a Fiscalía el expediente de una investigación abierta por la Alcaldía de Cangas por la supuesta autorización de al menos una tarjeta para entrar en el casco vello y la anulación de multas de tráfico a un empleado de la panadería La Boutique del Pan, vinculada al ex teniente de alcalde, el independiente Nardo Faro Lagoa, socio del PP en el bipartito que mandó Cangas en el pasado mandato, con José Enrique Sotelo (PP) como alcalde. También se dio orden al ORAL para que remita al Concello de Cangas todos los expedientes supuestamente archivados y otros que puedan estar relacionados con el empleado de la mencionada panadería.
La investigación parte de varios informes de la brigada nocturna de la Policía Local, en la que informa de una posible irregularidad en la autorización especial y sin limitación horaria, diaria y de cualquier espacio de la zona peatonal, que en su día realizó el alcalde José Enrique Sotelo, de un vehículo cuando la ordenanza tan solo permite un máximo de 20 minutos a residentes, autorizado o carga y descarga. También se señala que la tarjeta fue entregada sin cumplir los requisitos legales.
La brigada nocturna de la Policía Local informó en distintas ocasiones a sus superiores jerárquicos de las supuestas irregularidades desde principios del año 2013. Esta situación fue comunicada también en este mandato al alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) , que ordenó abrir una investigación , porque entiende que de resultar ciertas las denuncias, a demás de proceder a la retirada de la autorización. En todo caso, el regidor ya manifestó que se actuaría en función de lo que determinen los servicios jurídicos municipales, cuando se haya avanzado más en la investigación. También se espera recibir en los próximos días toda la documentación de los expedientes sancionadores que tramitó el ORAL desde que Sotelo es alcalde y las denuncias de tráfico del Concello. En el pasado mandato, a la empresa que gestionaba las multas de tráfico en Cangas, Reciges, le fue rescindido el contrato por el propio José Enrique Sotelo., que ordenó abrir una comisión de investigación de multas, que no fue capaz de determinar responsabilidades administrativas o penales.
La situación del empleado de la panadería vinculada con Nardo Faro Lagoa generó malestar y descontento por parte de la los vecinos de la zona, que durante todo este tiempo comprobaban como ellos estaban obligados a retirar sus vehículos de la zona peatonal y, por el contrario, el mencionado empleado, por decreto de la Alcaldía, sí podía mantenerlo todas las noches. De hecho, el vehículo continúa estacionado en la actualidad, según informan algunos vecinos. El alcalde ya ordenó tramitar un expediente para una retirada de la autorización de dicha tarjeta, que será efectiva con requerimiento y con obligación de conceder alegaciones, ya que la misma fue autorizada de manera ilimitada por el anterior alcalde, imposibilitando, según los técnicos municipales, que se pueda incautar de forma inmediata.
La patrulla nocturna de la Policía Local informó a sus superiores de la situación y de que se le había imposibilitado denunciar al vehículo, según consta en varios informes remitidos a la Alcaldía, considerando la situación un agravio comparativo con el resto de vehículos autorizados obligados al cumplimiento de la ordenanza reguladora.
Los vecinos afirman que la situación de impunidad llegó hasta tal punto que el propio denunciado exhibía todas las noches, en el parabrisas del vehículo, la tarjeta de zona peatonal con el decreto de anulación de las multas. Posteriormente, según indican las primeras pesquisas, el empleado exhibió también en el parabrisas del vehículo, una orden de Alcaldía autorizándole al estacionamiento de manera ilimitada en horario, días y lugares, dentro de la zona peatonal, un hecho que no tenía precedentes desde que fue aprobada la ordenanza. Los propios vecinos aportan fotos donde figura el vehículo con los citados papeles en el parabrisas del coche.
El actual alcalde ya solicitó los informes oportunos a la Jefatura de la Policía Local y los servicios jurídicos solicitaron la remisión de loe expedientes sancionadores del ORAL. Según Xosé Manuel Pazos, de estos hechos podrían derivarse una grave irregularidad administrativa y penal.
