Los recibos del agua que se emitan a partir de ahora tendrán una rebaja media del 30% para cada familia con respecto a las tarifas recogidas en el contrato que el anterior ejecutivo de Cangas había firmado con la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, Aqualia-Civis Global. A cambio esta compañía se libraría de una parte de los 3,5 millones de euros en inversión que tiene comprometidos para los próximos 25 años de duración del contrato. Este es uno de los compromisos arrancados por el ejecutivo local de Cangas en la mesa de negociación técnica con la empresa, según explicaron ayer representantes del tripartito a los vecinos en una asamblea abierta para tratar el asunto. El ejecutivo intentará que las inversiones perdidas las asuma Augas de Galicia, al entender que son de su competencia.

El recibo bimensual de marzo y abril se pasará a los vecinos con las tarifas fijadas en el contrato "se non conseguimos apoio xurídico para tumbar esa factura", explicó el alcalde Xosé Manuel Pazos. Acusó al PP de no "mover un dedo" tras el pleno de abril en el que se aprobó pasar al cobro las facturas del agua según las tarifas de 2014. Argumentó que no se puede aplicar ese acuerdo plenario sobre unas facturas emitidas con anterioridad y lamentó que los informes técnicos consideren "ilegal" aquel acuerdo.

La edil de Servizos, Mercedes Giráldez, llevó la negociación técnica con la concesionaria y explicó el compromiso de esa reducción de la tarifa a partir de ahora, "para o que temos que aprobar unha nova ordenanza", y aseguró que las facturas entre marzo y agosto se cobrarán prorrateadas "para minimizar o seu impacto ás familias". El otro compromiso arrancado es que la concesionaria responderá uno por uno, "e con razóns argumentadas", a todos los usuarios que presentaron reclamaciones, que fueron más de 700. "As cartas se deberían recibir a vindeira semana, antes de pasar o cobro dos recibos", avanza.

El equipo de gobierno insiste en que esas son las concesiones que lograron arrancar a la empresa en la negociación técnica y asegura que a partir de ahora empieza una mesa política en la que tratarán de presionar a la compañía con el apoyo de expertos externos.

El ejecutivo cangués mantiene la postura de que el contrato que el gobierno del PP había firmado con Aqualia-Civis Global es "abusivo", por lo que aseguró en la asamblea que ya remitió el texto a distintos bufetes de abogados con la intención de poder rescindir el acuerdo y remunicipalizar el servicio. "Como algún avogado mire a máis mínima opción de rescindir o contrato iremos á xustiza para facelo", indicaron el alcalde, Giráldez y el edil de Asemblea, Tomás Hermelo.

El regidor aseguró que "de aquí a final de ano este goberno en bloque traballará para gañarlle á empresa e rescindir o contrato", deseando que sea legalmente viable, aunque advirtió de que "vai ser un proceso moi longo".

En una asamblea con una intensa participación del público, el edil Mariano Abalo aseguró que la postura de firmeza de negarse a pagar los recibos del agua solo se podría tomar a través de una consulta popular, y advirtió de las implicaciones legales y económicas que podría acarrear para el Concello y los usuarios del agua. La otra vía es la de la negociación "que mantemos dende o primeiro día. A primeira medida que tomei foi pedir un informe do coste que tería recuperar a concesión da auga", argumentó el regidor.

El ejecutivo local rechaza las críticas del PP, al que considera "responsable" de las tarifas actuales. Giráldez aseguró que no caerían "nesas provocacións e manteremos os nosos tempos, informado á xente cada vez que teñamos algo novo". Acusó al anterior ejecutivo de aprobar en pleno "tarifas abusivas" y de incumplir la Ley de Protección de Datos al "asinar un contrato de custodia dos datos do padrón da auga coa empresa concesionaria".