"Siempre se dijo que estas obras fueron hechas sin informe de impacto medioambiental, pero se puede ver en el BOE que todas la actuación cuenta con declaración de impacto ambiental, y que se inició antes del plan especial que ahora dicen que no vale; el resto es una cuestión técnica y jurídica", manifestó el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, respecto a la sentencia firme del Tribunal Supremo, que obliga a demoler 300.000 metros cuadrados de relleno del litoral. El titular del Puerto de Marín firmó ayer con la alcaldesa de la villa, María Ramallo, un convenio para la cesión de un local al Concello. Tras la firma comentó algunas cuestiones relativas al cumplimiento de la sentencia.
Para José Benito Suárez, en todo el proceso de construcción de los rellenos "por parte de los técnicos se actuó con arreglo a la legalidad", dijo el presidente del puerto, quien recordó que, personalmente, accedió a la dirección de la Autoridad Portuaria "dos meses antes de que cayese esta sentencia y en estos cinco años que llevo aquí se hizo todo aquello que estaba en el procedimiento, y seguimos trabajando en ello".
Supremo
Una vez que los tribunales han obligado al puerto a cumplir la sentencia del Supremo, lo que queda por hacer son -para Suárez Costa- "cuestiones totalmente técnicas en las que siguen trabajando los servicios jurídicos y la Abogacía del Estado". Y admitiendo que "las sentencias están para ser cumplidas", el responsable portuario recordó que donde se sitúan esos 300.000 metros cuadrados "hay empresas muy importantes", como son la Terminal de Contenedores, Cabomar y Gonvarri, que en conjunto reúnen unos 400 puestos de trabajo, según indicó el presidente de la Autoridad Portuaria.
"Para el puerto, para Marín y su zona de influencia y para la ciudadanía, esa zona es muy necesaria y muy importante, por los puestos de trabajo y por las empresas que alberga", argumentó en defensa del mantenimiento de la explanada.
"Nosotros seguimos aportando los documentos que nos pidan; estamos a la espera de que los tribunales nos digan qué tenemos que hacer", añadió.
Por otra parte, Suárez Costa apuntó la extrañeza que le produce que la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres (que tumbó en los tribunales tanto estos rellenos en la ría como el ramal ferroviario que atraviesa la plaza de la Iglesia de Placeres), haya solicitado al tribunal que multe al presidente y al director del puerto por incumplir los fallos judiciales. "Yo llegué aquí dos meses antes de que cayera esta sentencia, estoy tratando de defender por todos los medios los puestos de trabajo y a estas empresas, que además no son contaminantes ni producen ningún problema; si ese es el mal que estoy haciendo ya me dirán ustedes", indicó el presidente del Puerto.
Suárez Costa se declaró "partidario de cumplir las resoluciones judiciales, como no podía ser de otra forma, pero también es mi obligación intentar de defender los puestos de trabajo por todos los medios, como así se está haciendo por parte de la Abogacía del Estado. Estamos haciendo todo lo posible para cumplir legalmente con lo que nos mandan", aseveró.
Alcaldesa
Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, añadió a las consideraciones del presidente del puerto que "hay que dar la batalla hasta el final y aunque hay que ser prudente con lo que se dice, creo que estamos todos convencidos de que tenemos la razón; ahora además nos la tienen que dar los tribunales", argumentó Ramallo Vázquez.
La primera edil explicó que al margen de la importancia del puerto como motor económico de la villa y su entorno, y la necesidad de mantener los puestos de trabajo que genera, la creación de estos rellenos supusieron varias ventajas para Marín, y a modo de ejemplo recordó que el traslado de la Terminal de Contenedores a su ubicación actual, sobre esos 300.000 metros cuadrados que ahora hay que demoler, propició que la villa ganase los terrenos de la Plaza de España, donde anteriormente se ubicaba. "Marín ganó superficie, cedida por el puerto, precisamente porque se pudo trasladar la Terminal de Contenedores", indicó la alcaldesa a modo de ejemplo.
Por otra parte, Esquerda Unida, Anova y el grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), además de la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, demandaron la ejecución "inmediata" de la sentencia contra los rellenos del puerto de Marín, con cargo a la entidad que preside Suárez Costa.
El grupo parlamentario de AGE reclamó además al Gobierno y a la Xunta que cumplan de forma inmediata la sentencia que obliga a reponer la legalidad en el litoral y que se reparen los daños sufridos por los vecinos.
