Desde el decreto del estado de alarma, los juzgados garantizan servicios esenciales como el registro civil, las licencias de enterramiento o procesos vinculados a violencia machista. Sin embargo, la recepción de escritos estuvo vetada desde el 18 de marzo y hasta el pasado martes, día 15. Ahora, pueden presentarse escritos, pero los plazos no siguen avanzando a no ser que estén relacionados con servicios esenciales. Estos plazos judiciales y administrativos están suspendidos, "de modo que yo puedo presentar, por ejemplo, un monitorio de reclamación de cantidad, el juzgado incoa el proceso, es decir, le da número, pero queda paralizado el plazo de respuesta de la otra parte", explica el abogado Carlos Collazo. Ocurre lo mismo a la hora de presentar un recurso: el jugado sí lo admite, pero no se le da traslado a la otra parte. "Los juzgados están funcionando al 3% y se está acumulando carga de trabajo". Con la posibilidad de presentar escritos, al no poder avanzar, "es como si llevas cuatro días sin comer y te dan un yogur", ejemplifica Collazo.
El presentar escritos alivia, en parte, la situación por la que están pasando procuradores y abogados, ya que este primer trámite permite solicitar una provisión de fondos al cliente. Y de paso, pueden ir avanzando en los casos que llevan, para cuando se levante el estado de alarma. "Es de agradecer que puedan mandarse notificaciones, aunque no corran los plazos", apunta el procurador Manuel Nistal, que teme que cuando todo vuelva a la normalidad "nos manden 20 sentencias en un día, que nosotros debemos comunicar a los abogados. Y es que hay sentencias con un plazo de 20 días para recurrir, pero otras permiten solo 5", apostilla.
Desde los juzgados de Lalín y A Estrada, como en el resto, se mantuvieron siempre servicios mínimos. Está funcionando entre un 10 y un 20% del personal. En el caso de Lalín, el juzgado de guardia contó desde el inicio del estado de alarma con tres funcionarios asignados. Se establecieron turnos rotatorios, pero en Lalín no hay posibilidad de teletrabajo. Desde las organizaciones sindicales Nilo Fernández, del Sindicato Profesional de la Justicia, SPJ-USO, adelanta que "no se va a retomar el trabajo de los juzgados si no tenemos geles, mascarillas o guantes". Fernández hace un llamamiento a la responsabilidad, y aconseja "que no se acuda al juzgado por una fe de vida para llevarla a un banco", sino que se solicite este papel en las salas judiciales solo cuando sea extremadamente necesario.
Este representante sindical adelanta que el colapso de casos una vez que cese el estado de alarma va a afectar a todo tipo de jurisdicciones. Para ello, el Consejo General del Poder Judicial trabaja en un paquete de medidas que pasan por habilitar el mes de agosto. "Los plazos en este mes no computan, pero los funcionarios no estamos obligados a coger vacaciones este mes, porque la persona que sí trabaja en agosto aprovecha para sacar adelante trabajo, puesto que los abogados y procuradores no suelen presentar escritos en agosto". Y no suelen presentarlos porque los normal es trabajar en bufetes pequeños. "En macro despachos de 50 personas, es normal que los abogados se repartan las vacaciones, de modo que hay gente que sí trabaja en agosto, pero en los despachos más pequeños lo normal es que descansemos ese mes", precisamente porque no corren los plazos.
Estas medidas del Consejo General del Poder Judicial deben ser negociadas con las comunidades autónomas, pues algunas tienen transferidas competencia. "Pero no se soluciona nada dictando normas, se precisan presupuestos", recalca Fernández. El paquete plantea refuerzos o sentencias orales para delitos leves. "Hay el planteamiento de sentencias orales sin derecho a recurso, que no es lógico. Antes, las sentencias y pleitos de menos de 3.000 euros ya no eran recurribles, así que si te reclamo 2.000 euros y el juzgado entiende que no me los debes, ya no puedo recurrir", explica Collazo.
Sin ayudas estatales
Este abogado recuerda que los profesionales del derecho llevan un par de meses sin poder recibir a clientes, y los peritos tampoco pueden hacer informes por el estado de alarma. "La mayoría de abogados no somos autónomos, con lo que no podemos optar a ayudas del gobierno. Pertenecemos a la Mutualidad de la Abogacía, que nos ha permitido aplazar las cuotas". Son unos 360 euros al mes, pero que sumado a otros gastos pueden llegar a los 2.500. Y en muchos casos, los letrados no cobran hasta el final del proceso. "Yo mismo tengo un tema laboral notificado para octubre de 2021", recalca.
