Es un emblema de A Estrada y, sin embargo, no pertenece a los estradenses. Es un Bien de Interés Cultural (BIC) y, sin embargo, desde hace tres años forma parte de la Lista Roja de Patrimonio, promovida por la Asociación Hispania Nostra, por estar en "proceso de total ruina por abandono y la acción de la vegetación". Aunque hace 12 años que el Tribunal Supremo reconoció al Concello de A Estrada el derecho de retracto sobre la Torre de Guimarei, actualmente su recuperación se encuentra aparcada.
La decisión del alto tribunal llegó en 2007. Desestimaba el Supremo el recurso presentado por el particular que adquirió todo este conjunto histórico en el verano de 1999 contra la orden de la Consellería de Cultura del 9 de marzo de 2000, la misma por la que se inició la reclamación del derecho de retracto por cuenta y a favor del Concello estradense. El hecho de que la administración autonómica ejerciese el derecho de retracto en favor del ayuntamiento fue considerado en su día todo un precedente. A través de la orden de la citada consellería se ponía de manifiesto el interés de la administración municipal por acceder a este bien al mismo precio declarado por su comprador, 360.000 euros (60 millones de las antiguas pesetas). Trascendió al conocerse la resolución judicial que, si el Concello ejercía el retracto, quedaría sin efecto la compra efectuada por este particular y el ayuntamiento pasaría a asumir la citada cifra.
Fue este un capítulo decisivo ante un patrimonio que fue objeto de negociaciones entre sus propietarios y la administración municipal ya desde la década de los 70. Tras desvanecerse los intentos por adquirir el conjunto, un registrador de la propiedad lo compró hace ahora 20 años. Fue entonces cuando el Concello estimó que debería haber sido informado de esta operación de venta por si quería ejercer el derecho de retracto y, con el respaldo de la Xunta, acudió a los tribunales. El proceso judicial se dilató durante años.
A día de hoy, la única vía posible si se pretende que este Bien de Interés Cultural sea público, es que la administración negocie con los actuales propietarios una adquisición. Y es que el derecho de retracto reconocido al Concello ya se encuentra caducado. Lo hizo hace años, según precisó -en 2015- el actual gobierno estradense. Se aclaró también entonces que este se vinculaba en exclusiva a la torre -el BIC- y no al pazo que forma parte de este conjunto arquitectónico. La única previsión que reconoció entonces el ayuntamiento fue la intención de pedir a Patrimonio que garantice el correcto estado de estas estructuras, una situación ante la que, en su día, los vecinos de la zona tomaron la iniciativa de alertar al visitante a través de carteles del "riesgo de derrumbe".
El alcalde estradense, José López Campos, reconoció ayer que el gobierno local no volvió a establecer contactos con los actuales propietarios de este bien. El ejecutivo que encabeza descartó su compra hace años, en favor de una apuesta por valorizar el conjunto arquitectónico que llegó a figurar con una partida en los presupuestos municipales pero de la que nunca más se supo. Mientras, en Guimarei la vegetación no tira la toalla y amenaza constantemente con hacer suya este testigo de la historia local que desde hace décadas es de titularidad privada.
En su momento el ejecutivo que encabeza López Campos sí mantuvo diversas reuniones con los dueños de la torre, el pazo y las alrededor de 10 hectáreas de terreno en las que estas construcciones se asientan. Aseguró tras estos contactos "muy buena disposición para poner en marcha iniciativas", aunque aseguró que en ningún momento se habló de comprar ni de vender, estimando que el momento -en años marcados por la recesión económica- no era oportuno para una operación de esta índole.
La última vez que el alcalde se pronunció abiertamente sobre las intenciones del Concello en relación a la Torre de Guimarei fue en una entrevista concedida a FARO a las puertas de 2018. Al ser preguntado por la posibilidad de enmendar el haber dejado pasar la oportunidad de sumarla al patrimonio público, el mandatario consideró que "hoy en día es muy complejo". "Ya no es la inversión, es la sostenibilidad. Si algo no es sostenible, es inviable. (...) El problema de Guimarei es que es una infraestructura a la que tendríamos que buscarle una utilidad. El problema viene por ahí", declaró López, que consideró que podría llegarse a un acuerdo con la familia propietaria e, incluso, que podría hacerse el esfuerzo económico. Consideró entonces que la clave sería llegar a un proyecto que confiera una utilidad a este conjunto que lo haga sostenible y respalde la inversión necesaria, que no sería pequeña.
