14 de enero de 2019
14.01.2019

González Casares asegura que los usuarios del SAF tienen garantizado el servicio

Solicita a Galáurea que demuestre la imposibilidad de prestar el contrato - Puntualiza que la empresa firmó en septiembre una ampliación del acuerdo y aceptó el precio inicial

14.01.2019 | 01:30
Parte de los concellos tienen privatizada la prestación de este servicio asistencial. // Jesús Regal

El gobierno de Lalín manifiesta que el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) va a mantener, ante la inminente solicitud de Galáurea, la empresa concesionaria del servicio, de resolución del contrato. El teniente de alcalde y concejal de Benestar Social, Nicolás González Casares, señala que se llevará a cabo una negociación, pero previamente la empresa deberá demostrar esa imposibilidad de seguir prestando el servicio en las condiciones contractuales vigentes.

González Casares apunta que no ponen en duda esa imposibilidad, pero señala que un "contrato no se puede prescindir de el de la noche a la mañana". Además, señala que es incomprensible cuando "la empresa firmó en septiembre una ampliación del contrato aceptando el precio inicial". Sin embargo, Galáurea, a través de su comunicado, indicó que la firma durante el año pasado tuvo que asumir un incremento de costes salariales desde el 1 de enero de 5% "lo que determinó que el servicio entrara en pérdidas".

De esta manera, el concejal señala que "se va a estudiar primero lo que reclaman, pero su primera reclamación no tiene sentido, ya que esos aumentos mínimos corren por cuenta de la empresa". Además, puntualiza que "lo del salario mínimo evidencia la precariedad y eso es algo que nos preocupa". Explica que el Concello dispone de un aval del 5% y que van a negociar con ellos, pero reitera que "no pueden resolver unilateralmente el contrato". Cabe recordar que la Ley de Contratos del Sector Público recoge que una empresa que decide prescindir de un servicio puede quedar inhabilitada para poder presentarse a otro concurso público.

El contrato con Galáurea se formalizó en verano de 2017, cuando el Concello llevó a pleno la adjudicación del servicio. La sociedad pontevedresa ofertó un precio total por hora de atención de 11,49 euros en la modalidad básica y 10,87 euros en dependencia, por los 11,39 y 10,76 que planteó, Servizos Sociais á Comunidade. No obstante, las mejoras evaluables presentadas por la firma Galurea fueron de 75.000 euros anuales, cuantía muy superior a los 8.000 euros anuales que sumaban las presentadas por la segunda clasificada.

Casares recuerda que el Gobierno estatal instará a revisar los contratos públicos que se vean afectados por la subida del salario mínimo, siempre que esta alza genere un desequilibrio importante en las cuentas de las empresas que prestan servicios a la Administración. El incremento, del 22,3% hasta los 900 euros, podría tener consecuencias en multitud de empresas subcontratadas que prestan servicios a las Administraciones Públicas

El concejal tranquiliza a los usuarios y las trabajadoras porque señala que el servicio se va a mantener. Así en los próximos días mantendrán una reunión con la empresa concesionaria y también con las trabajadoras. Recalca que en ningún caso ellos pone en duda lo que afirma la empresa, pero insiste en que es algo que deben demostrar claramente y que existe un tiempo determinado para poder aceptar la resolución. En la solicitud de resolución la firma propuso al ayuntamiento que se haga de mutuo acuerdo "por ser la mejor decisión para garantizar el funcionamiento del servicio con una nueva licitación del contrato".

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