El colectivo Aldea Viva asegura que se están promoviendo expedientes sancionadores por contaminación ambiental contra la sociedad Explotaciones Gallegas SL. Indica que la matriz de las "empresas de valorización" de la mina de Touro y propietaria de los terrenos, constituye, junto a Atalaya Minning la mercantil Cobre San Rafael, que pretende reabrir la explotación minera de Touro-O Pino.

Aldea Viva pone de manifiesto que los expedientes sancionadores abiertos por la administración están derivados de las actividades de estas empresas de "valorización" con resultados de contaminación de cauces de agua tributarios del río Ulla por vertidos, algo que, recalca, son precisamente los riesgos principales asociados al proyecto de reapertura de la explotación minera. A juicio de este colectivo estas actuaciones, con independencia de la cuantía final de las sanciones y de las medidas que puedan llegar a adoptarse, deberían ser tenidas en cuenta en el procedimiento de autorización de reapertura de la mina de Touro. Además, expone que la respuesta de estas empresas ante esta nueva situación está siendo el despiste y la utilización eufemística e interesada de términos como "economía circular" con el fin de crear "una imagen pública que dista absolutamente de la realidad".

Aldea Viva, en un comunicado emitido anteayer, indica asimismo que cuando cesó la actividad minera en Touro, el propietario de estas instalaciones tenía la obligación de restaurar los terrenos y la Administración la obligación de velar por este cumplimiento. Afirma que ante el desastre ambiental en los terrenos mineros y en su red hidrográfica de este municipio coruñés, limítrofe con la comarca dezana, el propietario alega ahora insistentemente que cuando abandonó la actividad minera, en 1988, no existía una normativa ambiental que obligase a regenerar las más de 500 hectáreas degradadas, si bien el colectivo vecinal alude a la existencia del Real Decreto 2994/1892 de 15 de octubre sobre la restauración del espacio natural afectado por actividades mineras. Dicha normativa obliga al dueño a realizar las actividades de restauración de los espacios afectados por actividades extractivas de modo que el medio natural se resienta lo menos posible y establece la obligación de la Administración por velar, "mediante una serie de instrumentos" porque esta restauración se efectúe una vez rematada la explotación de los espacios mineros y vigilar en qué estado quedan dichos terrenos. Para Aldea Viva es evidente que ni el propietario cumplió con su obligación de restaurar los predios ni la Administración cumplió con su deber de vigilar que así fuese.