La Consellería de Medio Ambiente procederá a la tramitación de expedientes sancionadores contra el vertedero de inertes de Campomarzo (en Silleda) tras comprobar que se está incumpliendo la normativa. Las sanciones económicas son, como mínimo, de 20.000 euros, pero pueden alcanzar los 200.000.
Desde el departamento que coordina Beatriz Mato se indica que técnicos de la consellería realizaron inspecciones tanto en el vertedero como en los gestores que entregan residuos a este enclave, entre los que se incluyen Contenedores Maracaná, de Coristanco, una empresa que ya protagonizó otros vertidos irregulares, incluso en fincas rústicas. La consellería efectúa revisiones periódicas en todos los vertederos de inertes, pero en esta ocasión la visita de técnicos vino motivada por la denuncia que presentó la Asociación de Recicladores de Residuos de Construcción e Demolición, Arcodega, el pasado 6 de junio, en la que alertaba de presuntas irregularidades. El caso pasó a la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, que motivó dichas inspecciones.
En esas visitas, pues, se comprobó que la actividad de Campomarzo "podría estar incumpliendo la normativa" en dos ámbitos. Por un lado, porque el vertedero estaría recibiendo residuos que no se corresponden con los autorizados. Medio Ambiente considera que en el enclave entran residuos mezclados, a pesar de que muchos de ellos son valorizables o deberían tratarse de otra forma. En su denuncia, Arcodega indicaba que en los camiones se transportaban residuos de demolición y construcción, pero también maderas, plásticos industriales, amianto, cartones y envases. Por otra parte, también se obvia la ley en las propias plantas de valoración, porque al depositar todos estos restos en Campomarzo no hacen otra cosa que entregar residuos a un gestor no autorizado.
Así, con la tramitación de los expedientes sancionadores, se pretende determinar las responsabilidades en que pudieron caer tanto la empresa que gestiona Campomarzo como las firmas que hacen uso del vertedero. Desde Medio Ambiente se señala que este proceso sancionador puede extenderse en el tiempo durante un período máximo de seis meses.
En su denuncia, Arcodega sostiene que el depósito indiscriminado de estos residuos se completa tapándolos con capas de tierra, sin proceder a ningún tipo de separación para su revalorización. Pero es que además las empresas que utilizan de este modo Campomarzo están incurriendo en una competencia desleal contra las firmas que sí realizan tratamiento de residuos, pues éstas deben desembolsar entre 6 y 10 euros por cada tonelada de materiales a tratar. Arcodega, en este sentido, considera que hay un "fraude económico innegable" por parte de las empresas, y de paso reprende al Concello de Silleda por su pasividad en esta cuestión, pese a que los vecinos llevan meses haciendo hincapié en el funcionamiento irregular.
