Más de 12.000 edificaciones de las dos comarcas que rebasen los 50 años deberán someterse a una inspección antes de 2018. El denominado Informe de Evaluación de Edificios (IEE), es de cumplimiento obligatorio y fue anunciado hace más de un año por el Ministerio de Fomento. Cuando faltan menos de dos años para que los particulares - a quienes corresponde efectuar y costear esta revisión- algunos ayuntamientos han comenzado a informar a sus ciudadanos de esta exigencia del ministerio. Silleda elabora un listado de viviendas que rebasen o estén a punto de cumplir el medio siglo de vida para asesorar a las comunidades de propietarios. Cerdedo va más allá e incluso planteará a los afectados que la empresa contratada -está sin cerrar un acuerdo- para hacer el censo asuma también la tramitación a los vecinos. Forcarei es consciente de que tendrá que elaborar una ordenanza e insiste en que el precio que han de pagar los vecinos es demasiado elevado, en torno a 1.000 euros.
En los casos de Lalín y A Estrada por el momento no se han dado pasos para informar a los vecinos una vez que la normativa de Fomento no es de su competencia. En Vila de Cruces o Agolada sus representantes públicos ni sabían de qué se trataba esta exigencia del ministerio. Como acontece con otros asuntos, en muchos casos al final vendrán las prisas para atender una normativa que Fomento, hasta la fecha, no anunció que fuese modificada.
